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A once días de dejar su mandato, el presidente ordenó la creación de una agencia que tendrá forma de ente autárquico y contará con un consejo consultivo presidido por el titular de Casación.
El sistema contemplado en el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, que dependía directamente del Ministerio de Justicia, quedó transformado en una nueva dependencia, con estatus de Agencia y autonomía funcional del Poder Ejecutivo, según lo dispuso el Gobierno a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia.
“Transcurridos más de 15 años de vigencia de la Ley N° 25.764 (que implementó ese programa) y, en especial, la experiencia recogida en los últimos años, se ha vuelto necesario efectuar un reordenamiento institucional orientado a fortalecer su accionar y garantizar las condiciones para su actuación independiente”, señaló el Poder Ejecutivo en los fundamentos de la medida, publicada en la edición de este viernes del Boletín Oficial.
Además del cambio de estatus del Programa, la norma -que lleva la firma del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y de los ministros- deja al mismo tiempo abierta la posibilidad de que denunciantes de hechos de corrupción puedan ser incluidos en el alcance de medidas protectivas, al señalar que su alcance puede ser ampliado a “delitos vinculados a la delincuencia organizada o de violencia institucional”.
Si bien el nuevo ente, al que se le dio rango de Agencia Nacional, actuará dentro del ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación, el DNU 795/2019 establece que se trata de “un ente autárquico dotado de autonomía funcional” que, a la vez, contará con un Consejo Consultivo del que participarán representantes de la Cámara Federal de Casación Penal, de la Procuración General de la Nación y del Ministerio de Seguridad.
Inicialmente, el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, creado por ley en 2003, alcanzaba sólo a las investigaciones por narcotráfico; luego se extendió a testigos e imputados de investigaciones judiciales por delitos de secuestro extorsivo, terrorismo y trata de personas, y, ahora, deja las puertas abiertas a que se puedan incorporados denunciantes de hechos de corrupción.
Otro de los impulsores de esta iniciativa fue Gastón Marra, el mismo que promueve el tratamiento del proyecto de ley de Ficha Limpia en el Congreso.
Las medidas de protección a testigos e imputados pueden ser, entre otras: custodia personal o domiciliaria, alojamiento transitorio en lugares reservados, cambio de domicilio, ayuda económica, asistencia para la reinserción laboral y suministro de documentación que acredite identidad a nombre supuesto, entre otras.
Según lo fijado, la asistencia económica que reciben las personas en este sistema puede extenderse por seis meses, prorrogables hasta dos años por “razones de seguridad debidamente fundadas”.
Los medios económicos eventualmente provistos a los protegidos deben ser destinados a “alojamiento, transporte, alimentos, comunicación, atención sanitaria, mudanza, reinserción laboral, trámites, sistemas de seguridad, acondicionamiento de vivienda y demás gastos indispensables, dentro o fuera del país, mientras la persona beneficiaria se halle imposibilitada de obtenerlos por sus propios medios”.
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