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Pasaron 11 años del conflicto entre «el campo» y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por la Resolución 125. La Justicia reactivó una causa judicial por una protesta que se realizó el 19 de marzo de 2008 en el kilómetro 150 de la Ruta Nacional 9, a la altura de la ciudad bonaerense de San Pedro. La investigación tiene como acusados a los por entonces integrantes de la Mesa de Enlace y también a representantes de la oposición.
Ahora el juez Federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, procesó y trabó un embargo de 50 mil pesos “por haber entorpecido el normal funcionamiento de los transportes de tierra con el reclamo”.
Los procesados son Eduardo Buzzi, en aquel momento titular de la Federación Agraria Argentina (FAA); Mario Llambías, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Luciano Miguens, de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Hugo Luis Biolcati, su segundo en esa entidad, y Fernando Gioino, de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro).
Además, fueron procesados Silvio Etchehum, referente del Sindicato de la Carne; la entonces diputada Margarita Stolbizer; la dirigente María del Carmen Alarcón, que en ese momento conformaba el Grupo Pampa Sur, y Raúl Víctores, expresidente de la Sociedad Rural de San Pedro.
Si bien en 2017 el magistrado había sobreseído a todos los imputados, la causa volvió a tomar impulso tras una presentación ante la Cámara de Apelaciones de Rosario.
Ayer desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), expresaron que en ese momento de la historia de nuestro país, “el campo se movilizó frente al intento de cercenar la comercialización de granos en la Argentina y de apoderarse del trabajo, el capital y la renta de los productores granarios. Eran los tiempos del vamos por todo, felizmente superados”.
Mediante un comunicado de prensa, las nuevas autoridades de CRA expresaron la solidaridad con el ex titular de la entidad, Mario Llambías. Y agregaron: “Resulta llamativo que al mismo tiempo que se escuchan voces que apuntan contra el campo y su actividad productiva, se reaviven procesos que todos dábamos por cerrados luego de 11 años de aquellos sucesos”.
Y también manifestaron: “Aquellos reclamos no difieren de los que vimos y vemos a diario, llevados adelante por grupos sociales disconformes con las políticas públicas que ellos pretenden. Cuesta entender el por qué de un tratamiento tan distinto a situaciones fácticamente idénticas. Cuando reclama el campo, proceso judicial; cuando reclaman los movimientos sociales, justificación y solidaridad”.
