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Por Cladem Argentina*. Se cumplen 3 años del caso Lucía. Nos dejó múltiples enseñanzas y alertas sobre la problemática del embarazo infantil forzado en nuestro país y en la región. Hacemos esta publicación para hacer memoria feminista y marcar las deudas pendientes que tiene el Estado para garantizar que no repita tal vulneración de derechos.
Lucia, una niña de 11 años, llegó el 29 de enero de 2019 al sistema de salud de #Tucumán embarazada a causa de una violación cometida por la pareja de su abuela. Ignorando todos sus derechos le impusieron obstáculos y dilaciones para acceder a la interrupción legal del embarazo.
Ingresó por primera vez al Hospital Eva Perón de Tucumán cuando se constató que tenía 20 semanas de gestación. Tuvo entrevistas con profesionales de la salud, funcionarios de la salud pública, del Juzgado de Familia, Defensoría de Menores, pasó por la Cámara Gesell, y manifestó en distintas oportunidades su deseo de no estar embarazada.
Fue recibida por la entonces jefa de tocoginecología, Tatiana Obeid y la subdirectora del hospital Eva Perón, Alicia Roque. Prohibieron la intervención al equipo de salud mental y a servicios sociales de esa institución sanitaria. A ella y a su mamá no le informaron, hasta una semana después, sobre la posibilidad de la interrupción del embarazo.
El 9 de febrero, el entonces secretario Ejecutivo del SIPROSA, Conrado Mosqueira, anticipó que se judicializó la aplicación del aborto no punible. Marcó que “las leyes establecen que una víctima de violación puede acceder a la ILE. En nuestra provincia no hay impedimentos para hacerlo, pero se deben cumplir con todos los requisitos legales”.
Mosqueira reconoció que los obstáculos no eran legales. “Luego hay que encontrar los médicos que quieran realizar la operación, puesto que por creencias religiosas o ideología, prefieren no hacerla.”
El 11 de febrero, en la Cámara Gesell, habiendo alcanzado 22 semanas de gestación, la niña manifestó nuevamente su deseo de interrumpir el embarazo. Allí, la fiscal interviniente solicitó un informe al equipo médico forense sobre los riesgos de vida de la paciente. La junta médica, conformada por el ex secretario ejecutivo médico Gustavo Vigliocco, entre otros, consignó el 12 de febrero que los riesgos de continuar el embarazo serían: hipertensión, diabetes gestacional, restricción del crecimiento, anemia, parto prematuro, entre otras. Para estos profesionales, estas posibles consecuencias no eran “significativas”.
Lucía fue aislada en una de las habitaciones del hospital, no recibía más visitas que las de una tía. Su mamá era la única persona que podía estar todo el día al lado de ella. Su estado psíquico y emocional se fue deteriorando. La niña sólo quería que esa tortura finalizara.
Luego de estar casi un mes internada y aislada, una familiar de la niña logró hacer escuchar su pedido de ayuda. Se contactó con las organizaciones de derechos humanos y feministas que la acompañaron y apoyaron en su pedido de interrupción del embarazo. El 22 de febrero, desde Cladem junto a Andhes presentamos un Amicus Curiae (amigos del tribunal), en el Juzgado Familia que intervino en el caso.
El 26 de febrero, luego de la movilización del movimiento de mujeres y de que las organizaciones hubieran realizado presentaciones ante la justicia provincial, ante el mismo hospital y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se decidió interrumpir el embarazo de Lucía.
Todo el personal de salud del Hospital del Este se declaró objetor de conciencia, por lo que el Sistema de Salud llamó a profesionales del ámbito privado para que realizasen la práctica.
El Gobierno de #Tucumán habilitó la realización de la práctica durante la noche, enviando un mensaje de que era algo que no estaba bien, de que era algo “clandestino”.
Eran las 00:30 del 27 de febrero cuando se realizó una microcesárea a la niña por su estado de salud. Dentro del quirófano sólo dos profesionales de la salud velaban por la salud de Lucía.
En un intento de disciplinamiento, la justicia tucumana procesó a la médica Cecilia Ousset y el médico Jorge Gigena, que intervinieron en la práctica a pesar de que habían sido convocados por el propio Estado. Obtuvieron el sobreseimiento después de 2 años y 10 meses.
El caso de Lucía tuvo repercusiones a nivel mundial. El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) condena la violencia institucional a la que fue sometida.
Sólo un año después, el 14 de febrero de 2020, la Sala V de la Cámara Penal de Tucumán en un juicio abreviado condenó a 18 años de prisión a Eliseo Víctor Amaya, de 66 años, por la violación de Lucía. En el fallo ordenaron medidas de reparación para Lucía y su familia. Además, exhortó al Poder Ejecutivo a llevar adelante medidas que garanticen que no se repitan casos cómo los de Lucía.
Desde Cladem ratificamos, a 3 años del Caso Lucía, que obligar a una niña que no ha terminado de crecer a llevar a término un embarazo debe ser considerado tortura, trato cruel, inhumano y degradante.
* Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres
