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El Salario Social Complementario (SSC), una prestación estatal que reciben alrededor de 270 mil personas, según datos del Ministerio de Desarrollo Social de noviembre de 2018 (último conocido), perdió casi un 20% de su poder adquisitivo entre mayo de 2017 y este mes.
El dato cobra relevancia ya que en octubre y noviembre se producirán sendos aumentos del SSC, hasta 8000 pesos, primero, y 8500 pesos, después. Estos incrementos están determinados por el alza del Salario Mínimo, Vital y Móvil. El valor del SSC es la mitad del Salario Mínimo.
Según autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, que controla la ejecución de este plan, con estos incrementos se mantendrá el poder adquisitivo del SSC. Sin embargo, cálculos proporcionados por la ONG Deuco indican lo contrario, que el poder de compra del SSC estará por debajo del que tenía dos años y medio atrás, cuando fue lanzado por el gobierno de Cambiemos.
Concretamente, en Deuco aseguraron que “con el aumento a $ 8500 que se pagará en noviembre, los beneficiarios del salario social complementario no alcanzan a comprar los alimentos que compraban en mayo de 2017”. De acuerdo con los cálculos de esta ONG, que dirige Pedro Bussetti, el SSC debería ser de $9918,80 para recuperar el poder adquisitivo.
Cuentas claras
En mayo de 2017, cuando comenzó la aplicación del SSC a los trabajadores desocupados, la remuneración era de $ 4030 mensuales. En ese momento, la Canasta Básica de Alimentos, que contiene 50 productos alimenticios, tenía un costo de $ 2943,73, con un precio promedio de $ 58,87 por producto.
En septiembre de 2019, el valor de esa misma canasta fue de $ 7239,90, con un precio promedio por producto de $ 144,80. Es decir, el aumento de la canasta entre mayo de 2017 y septiembre de 2019 fue del 145,9 por ciento.
En tanto, el aumento del SSC a partir del mes de noviembre a $ 8500. Por lo tanto, entre 2017 y 2019, el incremento será del 111%, es decir, 34 puntos porcentuales por debajo de la canasta.
“Contrariamente a lo que manifiestan algunos funcionarios del gobierno, el incremento no alcanza para cubrir la compra que se hacía en 2017”, señaló Deuco. En aquel momento, con el SSC se podían comprar 68,5 productos mientras que en noviembre serán solo 58,7. Para poder comprar la misma cantidad de productos que en 2017, el Salario Social Complementario debería ser de $ 9918,80, en lugar de los actuales $ 8500.
Auditoría del FMI
El SSC forma parte de los planes sociales que están bajo la auditoría del FMI. Integrado dentro de lo que se llama Proyectos Productivos Comunitarios, conocido como “Programa 50”, el SSC ingresó a la órbita de control del Fondo desde la tercera revisión del acuerdo stand by, en abril último. Hasta ese momento, el monitoreo desde Washington sólo abarcaba a la “Asignación Universal para Protección Social (que incluye Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, y Ayuda Escolar Anual)”, según se lee en la Carta de Intención, de octubre de 2018, enviada por el gobierno argentino al Fondo como parte de la revisión del acuerdo de junio de ese año y que derivó en una ampliación del préstamo, de 50 mil millones de dólares a 57 mil millones de dólares, además de una reprogramación de los desembolsos.
En el Memorando Técnico de Entendimiento, anexo a la documentación de la tercera revisión del acuerdo, se incluye por primera vez el detalle de la ampliación del control. Además, se exige que “toda la información fiscal referida a lo expuesto (los programas sociales) y necesaria para el monitoreo del programa será provista al Fondo con una diferencia de no más de 25 días calendario después del final de cada mes”.
A la Asignación Universal para Protección Social, a cargo de Anses, se le sumaron los programas a cargo del Ministerio de Salud y Desarrollo Social “Hacemos Futuro”, “Proyectos Productivos Comunitarios”, “Políticas Alimentarias”, “Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles” y “Cobertura Universal de Salud y Medicamentos”. También se sumó el control del FMI sobre el plan “Hogares con Garrafas”, a cargo de la Secretaría de Energía.
Un detallado informe del Ministerio de Hacienda de julio pasado mostró con claridad el ajuste en las partidas destinadas a paliar los efectos de la crisis económica y financiera en los sectores más vulnerables.
De acuerdo con esa información, el gobierno destinó 120.792 millones de pesos para solventar los programas que fueron agregados al control del Fondo, además de prestaciones para jubilados y pensionados, en el primer semestre de 2019. Esa cifra era un 26,4% superior a la derivada para los mismos conceptos en el primer semestre de 2018. En tanto, la inflación acumulada entre junio de 2018 y el mismo mes de 2019 alcanzaba al 55,8%, con un pico en el rubro alimentos y bebidas del 60,8 por ciento. La inflación interanual del primer semestre de este año nunca estuvo por debajo del 48,9 por ciento.
El Polo Obrero y Barrios de Pie, entre otras organizaciones sociales, denunciaron el ajuste en los planes sociales durante las movilizaciones y acampes de julio, agosto y septiembre pasados. Aseguraron que el Ministerio de Salud y Desarrollo Social redujo la cantidad de beneficiarios del Salario Social Complementario y no actualizó el valor del beneficio en función de la inflación. La cartera que dirige Carolina Stanley respondió que no hubo caídas en los padrones de beneficiarios pero sí que no habían crecido a pesar de la crisis.
