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Las comunidades indígenas de las Salinas Grandes y de la Cuenca Guayatayoc resolvieron en asamblea realizar un acampe en la noche y continuar en el piquete anti minería, en forma pacífica, durante todo este viernes, a la espera de la respuesta del gobierno de Jujuy a un planteo escrito formalmente presentado en la sede del Poder Ejecutivo. Darán paso a los vehículos cada dos horas, tras mantener una reunión con efectivos de la policía y de la gendarmería nacional.
Mientras se realizaba la asamblea, en el cruce ruta nacional N° 52 y ruta provincial 79, camino a Susques, en dirección a Paso de Jama hacia Chile, los vehículos pasan en ambos sentidos por la ruta siendo informados por los miembros y comuneros de las comunidades indígenas de las razones por las cuáles se encuentran en el lugar, expresando su repudio a la megaminería y que el agua vale más que el litio, respeto a la Pachamama, entre otras situaciones.
Antes del anochecer, pasan por la zona nueve (9) vehículos de la policía de la provincia, con personal de la Infantería, donde se encuentran los integrantes, hombres, mujeres, ancianos y niños de los poblados aborígenes, que “estamos ejerciendo el derecho constitucional a expresar sus ideas y transitar libremente por el territorio”, relató un comunero al El Submarino Radio (91.5), conocido como Eloy. Al paso de la policía, se suman efectivos de Gendarmería Nacional hacia el lugar.
Cabe recordar que más de 20 comunidades indígenas afirman haber «expulsado» a dos empresas multinacionales dedicadas a la extracción de litio en la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, zona considerada «territorio sagrado de los pueblos originarios». Se trata de las compañías mineras Ekekos S.A. y AIS Resources Limited, a las que acusan de haber afectado «gravemente el suelo, la flora, la fauna y las napas de agua dulce en el centro de la laguna», situada en el sur del Departamento de Cochinoca, en plena puna jujeña.
Tras una serie de protestas en contra de las tareas extractivas de ambas compañías, el colectivo de comunidades aborígenes señala en el texto haber alcanzado un «logro histórico», luego de hacer una asamblea de «300 personas» que obligó a que se retiraran «maquinarias y operarios del territorio».
Además, el comunicado sostiene que los pobladores alertaron previamente al gobierno provincial y a las empresas mineras que no permitirían la explotación en la zona, pero que la respuesta de las autoridades fue «enviar a la policía y a la gendarmería a liberar las rutas “por las buenas o las malas”.
Anticiparon que así como hoy expulsamos a la empresa Ekekos SA y AIS Resources Limited, vamos a impedir cualquier otro proyecto de megaminería y/o de litio en la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que es territorio sagrado de los pueblos originarios», expresa el documento realizado y presentado hace una semana atrás en casa de gobierno.
Las 25 comunidades kollas exigen que se declare la zona «libre de megaminería, minería de litio y cualquier otro proyecto extractivo» que «dañe a la Pachamama», atente contra la forma de vida ancestral y vulnere sus derechos, reconocidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales.
Asimismo, reclaman la anulación de las autorizaciones brindadas por el gobierno de Jujuy a las empresas Ekeko S.A. y AIS Resources Limited, exigen la reparación ambiental, y la suspensión del concurso de oferentes convocado por Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse), Exp. 660-538/2018.
Respuesta del gobierno
Por su parte, el secretario de Minería e Hidrocarburos de la provincia de Jujuy, Miguel Soler, a través de un comunicado oficial en referencia a los cuatro estudios de impacto ambiental para exploración aprobados durante 2018 para los Salares de Olaroz y Cauchari (dos por litio y uno por otros metales), y el restante para el Salar de Guayatayoc (litio).
Según el parte de prensa, dado a conocer por el gobierno, “todos los proyectos mineros cumplen con las normas y procedimientos ambientales», y luego asegura que las comunidades originarias involucradas en cada uno de ellos participaron de una «consulta previa, libre e informada».
Luego de conocer el informe que dio a conocer el gobierno de la provincia, las comunidades señalaron que no aceptarán más como argumento la supuesta aceptación de la consulta (exigencia constitucional para poder avanzar en proyectos de este tipo en sus territorios), ya que alegan que el gobierno utiliza este mecanismo de manera «aparente», llamando a «mesas chicas» y «reuniones para convencer a dirigentes». Finalmente, advirtieron: «Si intenta ingresar otra empresa vamos a tomar posición y vamos a sacarlos».
