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Un oficial de la Policía de la Provincia fue detenido este martes tras la denuncia formal presentada por el Ejecutivo ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA). La medida responde a los incidentes registrados la noche del lunes sobre la calle Sarmiento, a metros de la Casa de Gobierno, en el marco de una protesta por mejoras salariales.
Según fuentes judiciales, tras analizar las cámaras de seguridad, se logró identificar a un grupo de efectivos —tanto en actividad como infiltrados—. Uno de ellos ya fue puesto a disposición de la justicia para determinar su grado de participación y la calificación legal de la imputación. No se descarta que en las próximas horas se ordenen nuevas detenciones vinculadas a los focos de incendio y daños materiales.
Crónica de una noche de tensión
El conflicto escaló el lunes por la noche, cuando un grupo de voceros de los manifestantes fue recibido por el jefe de seguridad de la Casa de Gobierno. Ante la falta de una respuesta favorable inmediata, el malestar se trasladó a las calles: los manifestantes rodearon la manzana, quemaron neumáticos y encendieron pirotecnia.
La situación se tornó crítica cuando personal del Cuerpo de Infantería cercó el edificio para evitar desbordes. El roce entre fuerzas terminó por caldear los ánimos, derivando en el derribo de una parte del enrejado perimetral.
El origen del reclamo: adicionales y brecha salarial
El malestar en la fuerza se profundizó tras conocerse las resoluciones 77 y 78 del Ministerio de Seguridad. Estas normativas establecían:
- Un adicional del 35% (no remunerativo) para la custodia del Gobernador, Vicegobernador y efectivos del CEOP.
- Un 70% de aumento para los cargos jerárquicos de la Plana Mayor.
Si bien el Gobierno dejó sin efecto estas resoluciones para intentar calmar las aguas y convocó a una mesa de diálogo, los efectivos mantienen el pedido de un incremento del 50% al básico en sus haberes.
Internas y llamado a la «Paz Social»
La protesta dejó al descubierto una fuerte interna: el personal en actividad rechaza la intermediación del personal retirado en las negociaciones con los ministros Juan Manuel Pulleiro (Seguridad) y Federico Cardozo (Hacienda).
Por su parte, el Gobierno de Jujuy emitió un comunicado oficial apelando a la «paz social» y calificando a los manifestantes violentos como un «minúsculo grupo sectario».
«Los rostros cubiertos y las conductas violentas son prácticas que pertenecen al Jujuy de la confrontación que, en libertad y democracia, los jujeños supimos dejar atrás», sentenció el escrito oficial.
