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Ahora anuncian que habrá un Protocolo para actuar ante casos de violencia de género en el Estado provincial

En una conferencia de prensa encabezada por la titular del flamante Consejo Provincial de la Mujer, Alejandra Martínez, se anunció que se pondrá en vigencia un Protocolo de Actuación ante Casos de Violencia de Género en la Administración Pública, que el mes que viene entrará a la Legislatura como proyecto de ley.

Martínez elogió al gobernador Gerardo Morales, de quien aseguró que está «consustanciado» con la prevención y atención de la violencia hacia las mujeres. En este marco, afirmó que en la provincia de Jujuy se vienen dando «pasos muy significativos que tienen que ver con la lucha contra la violencia hacia las mujeres», y mencionó la creación de la Secretaría de Paridad de Género y de dos juzgados especializados, además de 12 Centros de Atención a víctimas, como ejemplos de dicha política.

Acompañada del fiscal de Estado, Mariano Miranda; la secretaria de Paridad de Género de la provincia, Soledad Sapag; la secretaria de Derechos Humanos, Marcela Infante, y la directora María José Pintos, Martínez dijo que la puesta en vigencia del Protocolo le brindará al Consejo Provincial de la Mujer competencia para actuar en casos de violencia hacia las mujeres en el ámbito de la administración pública, aunque no aclaró cuándo ocurrirá esa entrada en vigencia.

El anuncio llega menos de 24 horas después de que el ministro de Trabajo, Jorge Cabana Fusz, se viera forzado a tomar una licencia en su cargo, tras haber sido denunciado en la justicia por el delito de «coacción con el propósito de abuso sexual». La denunciante es una empleada de esa oficina que hace 9 meses le había enviado al gobernador Morales una nota detallándole el maltrato y los abusos de los que era víctima, sin recibir respuesta.

Si bien la existencia de un Protocolo de estas características aparece como necesaria, lo cierto es que no se difundió su contenido ni el mecanismo exacto que se pondría en marcha a partir de su entrada en vigencia. En cambio, Martínez se limitó a describir de modo general cómo sería el funcionamiento: «Dada una situación de violencia de género en la administración pública provincial, la víctima, deberá recurrir al funcionario que jerárquicamente esté sobre quien habría perpetrado la situación de violencia de género, y esta persona tiene la responsabilidad de poner en conocimiento de la víctima cuáles son los dispositivos que dispone el Consejo, o bien la víctima puede presentarse en el Consejo Provincial de la Mujer, ya que el mismo tiene competencia para solicitar información e investigar la situación».

En el Consejo, la víctima recibirá atención psicológica,de trabajadoras sociales y de equipo técnicos y jurídicos.

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