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El presidente Alberto Fernández se comprometió ante organizaciones de derechos humanos de argentinos en Francia a impulsar una ley contra el negacionismo de la dictadura. La norma que le pidieron referentes de colectivos con los que estuvo reunido esta mañana el mandatario, integradas por argentinos y argentinas exiliadas durante el terrorismo de Estado local, sobrevivientes y familiares de víctimas, entre otros; intenta emular a la que está en vigor en el país galo y contempla penas para quienes nieguen públicamente crímenes de lesa humanidad.
«El Presidente se comprometió a elaborar una ley similar a la que existe en Francia contra el negacionismo», resaltó Sophie Thonon, abogada de las víctimas francesas de la última dictadura militar y quien representó al Estado en el proceso de extradición del ex policía Mario Sandoval, acusado de crímenes de lesa humanidad en centenares de casos. Los referentes también repudiaron los beneficios que reciben los genocidas en el cumplimiento de sus condenas por secuestros, torturas y desapariciones cometidas durante la última dictadura cívico militar.
El reclamo fue planteado por los organismos en la reunión que mantuvieron con el mandatario, en el marco de su gira por Europa que culmina hoy. Entre los colectivos, figuraron la Asamblea de Ciudadanos Argentinos Residentes en Francia (ACAF), el Colectivo para la Memoria, Hijos París y France Amérique Latine y Association des Amis est parents de françoisdisparus en Argentine. También formó parte del encuentro la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo. «No hay otra forma de resolver la tragedia de la Argentina sino es con la Memoria, la Verdad y la Justicia. La política de Derechos Humanos es una, la que dicta la Constitución, de la que nunca debimos separarnos”, sostuvo tras la reunión.
«El presidente fue muy sensible con nuestras inquietudes y nos dijo que estas cuestiones entrarían en su agenda», explicó por su parte María Laura Stirnemam, de la asociación HIJOS. Otro de los asuntos que plantearon los representantes de organizaciones de derechos humanos en la reunión con Fernández fue la necesidad de evitar que los genocidas que están presos puedan obtener los beneficios de los condenados por otros delitos, como la prisión domiciliaria o morigeraciones en las penas. «El pedido se fundamenta en el hecho de que Argentina firmó el Tratado de Roma», dijo Thonon, refiriéndose al acuerdo internacional por el que se creó la Corte Penal Internacional para juzgar crímenes de lesa humanidad, que establece la obligación del cumplimiento efectivo- completo de la condena».
Además, expresaron su reclamo por la liberación de la dirigente social jujeña Milagros Sala, detenida desde hace cuatro años, en cuyo marco regalaron al mandatario argentino el libro «Milagro Sala, la chispa de un pueblo», cuya investigación y publicación financió la ACAF. Por último, el Presidente se comprometió a seguir el caso de Sergio Apablaza, el ex militante del FPMR chileno, acusado en su país por delitos cometidos en 1991, cuya extradición reclama la justicia chilena y a quien el presidente Mauricio Macri quitó el estatus de refugiado en 2017.
«La idea es que la norma francesa pueda usarse de base para debatir un proyecto para adaptarlo a la situación en Argentina. El Presidente nos pidió colaboración para elaborar un informe», explicó Thonon.
En el marco de su visita, Alberto Fernández planeaba visitar la plaza Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, uno de los tres lugares emblemáticos de la Argentina en París. Según los organismos, el tema del aborto también estuvo presente en la reunión, en la que Fernández les precisó que la iniciativa que va a proponer «es mucho más amplia que la despenalización» y contempla también la «legalización».
La Ley francesa
La Ley francesa es conocida como «Ley Gayssot», por el nombre del diputado comunista que la propuso, Jean Claude Gayssot. Su creación responde a la necesidad de cercar las posibilidades de negar el Holocausto en medio de una fuerte corriente negacionista en el país que ponía en cuestión su existencia tras la caída del Muro de Berlín. Entró en vigencia en julio de 1990 y también incluye condenas ante manifestaciones racistas, xenófobas y de odio. En base a esa normativa fue condenado el ultraderechista Jean Marie Le Pen, padre de la actual líder del Frente Nacional francés.
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