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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) solicitó formalmente a la Justicia que se le exija una caución real o personal a la expresidenta Cristina Kirchner como condición ineludible para proceder a la restitución de su pensión. La medida judicial busca resguardar el patrimonio estatal ante la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia revoque la cautelar que ordenó el pago del beneficio.
El planteo del organismo previsional se ampara en el artículo 5 de la Ley 26.854 de Medidas Cautelares, el cual estipula que el beneficiario de una orden provisoria debe otorgar una garantía para responder por los eventuales daños y perjuicios económicos que la ejecución de la medida pudiera ocasionar al Estado.
Respaldo ante un haber millonario
La asignación mensual vitalicia que percibe la titular del Partido Justicialista en su carácter de viuda del expresidente Néstor Kirchner equivale a unos 38 haberes mínimos, una cifra estimada actualmente en 15,3 millones de pesos mensuales. Con este requerimiento, Anses pretende asegurarse un mecanismo de recupero financiero inmediato en caso de que el fallo definitivo sobre el fondo de la cuestión resulte adverso para la exmandataria.
Cabe recordar que los haberes de privilegio de la expresidenta habían sido dados de baja por el Poder Ejecutivo Nacional en noviembre de 2024. En aquella oportunidad, la administración central fundamentó la quita del beneficio alegando la pérdida de las condiciones de «honor y mérito», tras la confirmación de la condena por administración fraudulenta en la causa Vialidad.
Fallo de cámara y apelación oficial
Posteriormente, la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social hizo lugar a un planteo de la defensa de la exjefa de Estado y dictó una medida cautelar que ordenaba reponer de forma temporal los pagos. El tribunal de apelaciones sustentó su decisión en el carácter estrictamente alimentario de las prestaciones de la seguridad social y rechazó las impugnaciones presentadas por los abogados oficiales.
Frente a este escenario, el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, interpuso recursos de queja de manera directa ante la Corte Suprema de Justicia con el propósito de suspender los efectos del fallo de la Cámara y lograr la cancelación definitiva del beneficio previsional.
