«La situación es extremadamente alarmante», afirmó Mariana Fontoura Marques, encargada de la oficina regional de Amnistía Internacional (AI), la organización de derechos humanos que en los últimos días difundió el informe preliminar referido a los hechos ocurridos en Jujuy en torno a la reforma de la Constitución provincial. En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), la delegada adelantó que en los próximos meses estará listo el informe definitivo.
El trabajo de AI es resultado de la presencia en la provincia de una delegación que visitó la provincia entre el 25 y el 29 de septiembre. Entrevistó a más de 100 víctimas y testigos, integrantes de comunidades indígenas, abogados y abogadas, organizaciones de derechos humanos, al fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello, y representantes del Ministerio de Seguridad provincial. Además, pidió reuniones con la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Pueblos Indígenas de Jujuy sin haber recibido respuesta.
«Nos llegaban noticias de las comunidades sobre la represión y las limitaciones al derecho a la protesta. Habíamos sacado comunicados, pero nos parecía muy grave la situación como para no hacernos presentes en el territorio y entender un poco más en profundidad qué estaba sucediendo», relató Marques.
Así fue como viajó a Jujuy una delegación de integrantes de las oficinas argentina y regional de AI para documentar las violaciones a los derechos humanos que sucedieron durante el proceso de la aprobación de la reforma constitucional. «Escuchamos testimonios confirmando y también ampliando la información que ya teníamos», comentó la abogada.
Además de los testimonios, un equipo de verificación digital de la organización de derechos humanos realizó un exhaustivo análisis de los videos y fotografías donde se comprobó que la policía efectuó disparos directamente a la cara y al torso de los manifestantes, algo que está prohibido por el derecho internacional.
En los próximos meses, AI va a presentar el informe definitivo, que va a incluir además una serie de «recomendaciones de prevención, de obtención de justicia y de rendición de cuentas» dirigidas a las autoridades provinciales y también nacionales. «Estamos sistematizando toda la información y todavía hay reuniones pendientes», señaló Marques.
-¿El informe puede llegar a la justicia?
-Lamentablemente eso escapa de nuestras manos. Nosotros documentamos las violaciones y hacemos las recomendaciones. También podemos tomar medidas de campaña y de presión para que las autoridades ejerzan su deber de justicia y de reparación a las víctimas. Y por supuesto vamos a hacer acciones de incidencia, reuniones y eventualmente elevar a mecanismos internacionales de derechos humanos nuestras preocupaciones para incrementar la presión y la visibilización.
-A Jujuy ya vinieron tres misiones de derechos humanos con la misma preocupación, y en breve comenzará a trabajar la Comisión Investigadora creada por decreto presidencial. ¿Ustedes integran esa Comisión?
-Nosotros por ahora no somos parte de esa Comisión. Reconocemos el valor del trabajo de otras organizaciones, y eso también da cuenta de la gravedad de la situación de violaciones a los derechos humanos en Jujuy. Es una situación extremadamente alarmante que está atrayendo la atención de la sociedad argentina como un todo y también de la comunidad internacional, que está empezando a poner los ojos sobre la provincia y expresar su preocupación.