Auat, preocupado por la impunidad de ideólogos y cómplices civiles del terrorismo de Estado

El fiscal general Jorge Auat consideró hoy legítima y razonable la preocupación por la impunidad de «ideólogos y cómplices civiles del terrorismo de estado», expresada por organismos de derechos humanos, víctimas, testigos y querellantes de diversas provincias reunidos el viernes y sábado últimos en Santiago del Estero.

«Entiendo que tiene legitimidad y razonabilidad esta preocupación, en especial a la luz de recientes fallos judiciales que indican en mi opinión la posibilidad de que vuelvan a soplar vientos de impunidad», dijo a Télam el fiscal Auat, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

En particular, dijo que «abrió un interrogante, o peor aún, generó una suspicacia que habilita a pensar en una nueva estrategia a seguir», el fallo de la Cámara Federal de Casación que en marzo de este año dictó la falta de mérito en favor de Carlos Blaquier, dueño del ingenio Ledesma en Jujuy, en dos causas en las que tenía procesamiento firme por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

Sobre el mismo fallo, el «Colectivo contra la impunidad, por más Memoria, Verdad y Justicia», que se reunió el viernes y el sábado últimos en la capital santiagueña, dijo en un documento que la falta de mérito que benefició a Blaquier «constituye un nuevo ejemplo de la resistencia de muchos miembros del poder judicial al juzgamiento de los ideólogos y cómplices civiles del terrorismo de Estado».

Participante en esa reunión, junto a Claudia Lencina, del Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Auat afirmó que «contribuyen a crear un escenario preocupante y en algún punto desesperanzador, la virtual paralización de la Comisión Interpoderes», creada en 2009 por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, para destrabar y acelerar las causas de lesa humanidad.

El documento aprobado por organismos de derechos humanos, sociales abogados, víctimas, testigos y querellantes de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, La Plata, Buenos Aires y Rosario señaló que la resistencia de una parte del Poder Judicial al juzgamiento de coautores o cómplices civiles de los represores «se reitera en las distintas jurisdicciones» e instancias por las que atraviesan los juicios.

Como ejemplo, señaló que en la causa contra Marcos Levín, dueño de la transportista La Veloz del Norte en Salta, «la Cámara de Apelación desconoció denuncias de 15 víctimas para el procesamiento del empresario».

«El juzgamiento de los civiles y eclesiásticos por su participación en la dictadura resulta un punto fundamental para dar cuenta de la dimensión del genocidio en nuestro país, por eso no podemos permitir que hoy este juzgamiento se vea paralizado por acotadas y despreocupadas sentencias en estas causas», argumentó.

En este marco, el documento alentó un «pedido de juicio político a los integrantes de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal» y sostuvo que «la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la responsable de la resolución que revierta este fallo que perpetua la impunidad».

Los firmantes del texto refirmaron además su «compromiso con las causas emblemáticas en el NOA como lo son la causa contra Blaquier, el Operativo Independencia, la causa contra Milani».
En el mismo orden, reiteraron su «interés en las decisiones de la justicia sobre los restos de los compañeros y compañeras hallados en el Pozo de Vargas y en Arsenales Miguel de Azcuénaga en Tucumán, el pedido de juicio político al juez Piedrabuena en la Rioja y el tercer juicio en Catamarca».

«Son además temas que nos preocupan la demora en la constitución de un tribunal oral en Santiago del Estero, el hostigamiento de testigos en las causas donde se juzgan a los empresarios y civiles y la necesidad de la inmediata apertura de los archivos de las fuerzas de seguridad y administrativos nacionales y provinciales, así como los eclesiásticos y del estado vaticano, exigencia de nuestra lucha histórica», apuntó.