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Bahía Blanca fue escenario de una de las condenas más importantes de los últimos años. En la llamada Megacausa Zona V, el tribunal dictó 16 prisiones perpetuas y otras 15 condenas de hasta 20 años de cárcel por crímenes cometidos en centros clandestinos de detención de la región. En su fallo incluyó un tramo dirigido al diario La Nueva Provincia para que rectifique sus archivos y afirmó que con falacias y difamaciones contribuyó a encubrir crímenes de lesa humanidad.
Tras casi cuatro años de audiencias, el Tribunal Federal de Bahía Blanca condenó a 31 de los 32 imputados en la Megacausa Zona 5 por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 333 víctimas.
El viernes 26, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal conformado por los jueces Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luis Foglia y Marcos Javier Aguerrido, dio lectura al fallo en el mayor juicio por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura realizado en Bahía Blanca hasta el momento: la Megacausa Zona 5.
La causa comenzó el 17 de febrero de 2022 y se extendió por casi cuatro años. De los 52 imputados iniciales, 32 llegaron al final de la instancia de debate. Se trata de exoficiales de la jefatura del V Cuerpo de Ejército y del Batallón de Comunicaciones 181, exintegrantes de fuerzas de seguridad, agentes penitenciarios y profesionales de la salud del Ejército.
Los delitos por los que fueron juzgados incluyen secuestro, tortura, homicidio, desaparición forzada, robo de bebés y abusos sexuales, delitos aberrantes cometidos contra 333 víctimas durante la dictadura cívico-militar en el sur de la provincia de Buenos Aires y la Patagonia.
El veredicto incluyó 16 condenas a prisión perpetua, 15 condenas con penas de entre 3 y 20 años de prisión, y una absolución.
Además, el tribunal ratificó que los hechos investigados son crímenes de lesa humanidad, por lo que volvió a marcar su carácter imprescriptible.
Las condenas
Entre los condenados a perpetua se encuentran Osvaldo Bernardino Páez, quien se desempeñó como oficial de Estado Mayor del Comando del V Cuerpo del Ejército; Osvaldo Lucio Sierra, Enrique José del Pino, Carlos Enrique Villanueva, Guillermo González Chipont y Norberto Eduardo Condal, del Departamento II de Inteligencia; Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel y Víctor Raúl Aguirre, del Destacamento de Inteligencia 181.
También recibieron la pena máxima Jorge Aníbal Masson, de la Agrupación Tropas del Comando del V Cuerpo; Bernardo Artemio Cabezón, José Marcelino Casanovas, Arsenio Lavayen y Raúl Artemio Domínguez, de la Segunda Sección de Baqueanos del Regimiento de Infantería de Montaña 26; y Claudio Alejandro Kussman, de la Unidad Regional V de Bahía Blanca de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
Un caso particular es el de Héctor Jorge Abelleira, expolicía y oficial principal de la Delegación Viedma de la Policía Federal, quien fue condenado a 7 años de prisión por los hechos juzgados en esta causa, pero su pena fue unificada a prisión perpetua por una condena previa.
Destaca también el caso de Norberto Condal, quien recibió su séptima condena en juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura.
Entre las penas menores, Mario Horacio Torres recibió 20 años de prisión; los profesionales de la salud Adalberto Osvaldo Bonini y Humberto Luis Fortunato Adalberti fueron condenados a 18 años y 6 meses y 18 años respectivamente; Roberto Carlos Brunello recibió 16 años; mientras que José Antonio Maidana, Alberto Rey Pardellas, Ricardo Claudio Gandolfo, Eduardo Carlos Videla y Raúl Esteban Andrés recibieron penas de entre 13 años y 13 años y 10 meses.
Alejandro Lawless y Enrique Stel fueron condenados a 12 años y 6 meses; Ernesto Ramón Etchart recibió 8 años; Vicente Alfredo Flores y Martín Gutiérrez Velasco, 7 años; y Jorge Horacio Rojas fue condenado a 3 años, aunque por unificación de causas su pena quedó establecida en 10 años de prisión.
El único imputado absuelto fue Carlos Alberto Ferreyra, aunque sobre él pesa otra condena previa a prisión perpetua.
Durante el transcurso del proceso, la acción penal fue declarada extinta para Antonio Miguel Seghighi, Desiderio Andrés González y Héctor Luis Selaya tras sus fallecimientos.
Casi 4 años de audiencias
El proceso judicial se desarrolló a lo largo de 155 audiencias, con la declaración de 188 testigos y la realización de dos inspecciones oculares en la Unidad Regional V de la policía bonaerense y el Batallón de Comunicaciones 181.
En representación del Ministerio Público Fiscal, intervinieron el fiscal general Miguel Ángel Palazzani, los auxiliares fiscales Pablo Fermento y Paula Molini, y el fiscal ad hoc José Alberto Nebbia, de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos.
Este fue el octavo juicio por delitos de lesa humanidad celebrado en Bahía Blanca. Los acusados fueron condenados por allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos, homicidio, sustracción de menores de 10 años, abuso deshonesto y abuso sexual, con diferentes agravantes.
Los crímenes fueron cometidos desde la jefatura del V Cuerpo, cuya sede estaba en Bahía Blanca y cuya jurisdicción abarcaba el sur de la provincia de Buenos Aires (Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Puan, Tornquist, Coronel Pringles, González Chávez, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Villarino, Bahía Blanca y Patagones) y las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
La mayoría de los condenados escuchó el veredicto a través de pantallas desde sus domicilios, dado que cuentan con el beneficio de la prisión domiciliaria. Solo Brunello, Etchart y Condal se encuentran alojados en la cárcel de Campo de Mayo.
Un aspecto destacado de este juicio fue la inclusión de condenas por delitos contra la integridad sexual, en consonancia con un notable crecimiento de sentencias que incorporan violencia sexual en los juicios de lesa humanidad, según señala el informe anual 2025 de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal.
La megacausa logró unificar los 14 tramos con los que contaba originalmente, consolidándose en un solo proceso que abordó crímenes cometidos en distintos centros clandestinos de detención, principalmente la “Escuelita de Bahía Blanca” y el Batallón de Comunicaciones 181.
La Nueva Provincia deberá corregir sus notas
El fallo del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca incluyó la orden de rectificación dirigida al diario La Nueva Provincia.
Por primera vez, un tribunal oral federal ordenó de manera expresa que un medio de comunicación rectifique su pasado periodístico por haber difundido información falsa al servicio del terrorismo de Estado.
El tribunal dispuso que, una vez que la sentencia adquiera firmeza y en el plazo de 10 días, el diario bahiense debe publicar la rectificación de publicaciones realizadas durante la dictadura en las que se presentaba a personas secuestradas y asesinadas como supuestos “abatidos en enfrentamientos” o como delincuentes muertos en combate.
El derecho a réplica es en favor de 37 víctimas, algunas desaparecidas y asesinadas, sobre quienes el diario en su momento informó que fueron “detenidos o abatidos en enfrentamientos militares”, cuando quedó acreditado en el proceso que fueron objeto de secuestro, y en su caso tortura, fusilamiento o desaparición por parte del personal militar o de seguridad de la época.
Los jueces consideraron probado que esas publicaciones constituyeron falacias y difamaciones que contribuyeron a encubrir crímenes de lesa humanidad.
Según el fallo, el diario no reproducía información errónea de manera accidental, sino que participaba activamente en la construcción de un relato funcional al accionar ilegal de las Fuerzas Armadas.
Durante el debate oral quedó acreditado que La Nueva Provincia replicó comunicados militares sin cuestionamientos y utilizó un lenguaje destinado a legitimar la represión. Las víctimas fueron deshumanizadas y presentadas como enemigas internas, mientras los responsables estatales aparecían como garantes del orden.
El tribunal sostuvo que ese tipo de cobertura no puede ser interpretado como un error aislado ni como una práctica habitual de época, sino que el medio actuó como parte de un dispositivo de encubrimiento, aportando una versión falsa de los hechos que aún hoy continúa influyendo en la memoria social.
Los jueces consideraron que mantener ese archivo sin correcciones implica prolongar el daño causado por el terrorismo de Estado y consolidar un relato que niega la condición de víctimas a quienes fueron desaparecidos o ejecutados.
Además de esta medida, el fallo incluyó disposiciones dirigidas al Estado nacional y a las Fuerzas Armadas, ordenando garantizar el mantenimiento de los sitios de memoria y corregir los legajos de exconscriptos desaparecidos que durante años fueron registrados falsamente como desertores.
El tribunal informó que en 40 días hábiles se conocerán los fundamentos del veredicto que fue leído durante la mañana del viernes, ante la presencia de familiares de las víctimas, sobrevivientes y representantes de los organismos de Derechos Humanos.
El camino de la Memoria, la Verdad y la justicia
Alejandra Santucho, referente de H.I.J.O.S. Bahía Blanca, quien fue parte de la querella y también se encargó de realizar la cobertura de las audiencias en El Ágora Digital), expresó tras conocerse la sentencia: “Teníamos pocas expectativas respecto al veredicto, porque venimos con sentencias muy feas como la de Tandil, pero el tribunal nos sorprendió gratamente”.
En un mensaje difundido en redes sociales, H.I.J.O.S. Bahía Blanca destacó que la ciudad cierra una nueva etapa de juzgamiento sosteniendo su trayectoria de fortalecimiento de la Verdad y la Justicia.
La organización subrayó que pudieron escuchar y ver en primera persona la historia de cientos de familias bahienses atravesadas por el Terrorismo de Estado, que incluyeron “historias familiares de mucho dolor, relatos de mujeres, hombres y disidencias avasalladxs en sus sexualidades, niños y niñas sometidos a la crueldad de los operativos”.
Sin embargo, también se expresaron “relatos de lucha, de resistencias, de trabajadores y trabajadoras perseguidos/as, de comunidades extranjeras arrasadas, por la represión y también por las topadoras… Una ciudad donde el terror y el silencio imprimió su sello a fuego, y que, a casi 50 años de los hechos, quiere seguir silenciándolos”.
Además, destacaron que continúan desandando, reparando y sacando verdades a la luz. H.I.J.O.S. valoró especialmente que el tribunal nombrara víctima por víctima al leer la sentencia, considerándolo un reconocimiento hacia cada uno de ellos y una muestra de poner en palabras lo silenciado, lo oculto y lo anónimo, en síntesis, una reparación.
Respecto a la orden al diario La Nueva Provincia, la organización destacó que “quedó acreditado en este proceso que fueron objeto de secuestros y en su caso torturas y fusilamiento o desaparición“.
H.I.J.O.S. subrayó que, teniendo en cuenta que la complicidad del diario con el Terrorismo de Estado aún se encuentra impune, esta orden por su accionar repara la dignidad de las víctimas y sus familias, y también trae luz y verdad sobre la ciudad.
La organización destacó que el viernes la sala del Tribunal Oral Federal se colmó de familiares, organismos de derechos humanos, víctimas, testigos, militantes y también muchos jóvenes y estudiantes que saben que estos crímenes no son cosas del pasado, sino que en el presente muchos buscan el olvido y la negación de lo ocurrido.
Veredicto de la Megacausa Zona V en Bahía Blanca
Luego de casi 4 años de juicio, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Bahía Blanca dictó el veredicto en la causa Subzona 5. pic.twitter.com/DMS23xuTGL
— Derechos Humanos PBA (@DerHumanosPBA) December 26, 2025
Por su parte, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, que también actuó como querellante en la causa, difundió un mensaje en el que destacó las 31 condenas dictadas, las 16 prisiones perpetuas, la absolución y las condenas por delitos sexuales, así como la determinación de que los delitos juzgados fueron de lesa humanidad.
La Subsecretaría también resaltó la orden al diario La Nueva Provincia de rectificar lo publicado sobre las víctimas del terrorismo de Estado, informando que fueron desaparecidas o asesinadas, y no que fallecieron en presuntos enfrentamientos en la vía pública.
El organismo concluyó su mensaje señalando: “En toda la Provincia, seguimos el camino de la Memoria, la Verdad y La justicia por la reparación histórica para que Nunca Más sea Nunca Más”.
Fuente: El Ágora
