Baja de la edad de punibilidad: Entre el marketing y la evidencia

Mientras el Congreso debate reducir la edad de punibilidad a los 14 años, especialistas advierten que la medida funciona como un «placebo» social. Los datos demuestran que los países con leyes más severas tienen mayores tasas de criminalidad y que la incidencia juvenil en delitos graves es mínima.

Con la media sanción en Diputados del proyecto que busca castigar penalmente a adolescentes desde los 14 años, se reaviva una discusión que, según expertos, carece de sustento empírico y se apoya más en consignas electorales que en soluciones reales para la seguridad ciudadana.

El mito del ‘baño de sangre’ juvenil

Uno de los principales argumentos del oficialismo es la supuesta urgencia de frenar una ola de delitos cometidos por menores.

Sin embargo, las estadísticas oficiales de 2024 desmienten este escenario. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, apenas el 0,3% de los adolescentes de 16 y 17 años estuvo involucrado en procesos penales.

Marisa Graham, exdefensora nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, es tajante: “Estamos discutiendo bajar la edad penal cuando más del 99% de los chicos no tiene ningún conflicto con la ley”, afirmó en una entrevista con el diario Tiempo Argentino.

Según Graham, los delitos graves como homicidios o violaciones cometidos por esta franja etaria son «estadísticamente ínfimos».

Consultada sobre cómo cree que se va a aplicar la ley en el caso de que se apruebe, sentenció: «Se va a cumplir mal. A los pibes los van a meter en cualquier lado, con operadores que no saben tratar con chicos en conflicto con la ley penal. Así no se evita la reincidencia, al contrario: se los expone a volver a delinquir. El riesgo es que los chicos salgan peor de lo que entraron».

Y advirtió: «Si no hay operadores capacitados, equipos técnicos ni dispositivos adecuados, lo único que se logra es mayor reincidencia».

Cinco falacias del discurso punitivista

El análisis de especialistas como Claudia Cesaroni (Cepoc) y el juez Rodrigo Morabito permite identificar las contradicciones del proyecto actual:

• A menor edad, menos delito: La evidencia regional muestra lo contrario. Países como Brasil y Ecuador, que tienen la edad de punibilidad en 12 años desde hace décadas, registran tasas de homicidios muy superiores a las de Argentina (que mantiene los 16 años y tiene uno de los índices más bajos de la región).
• La «puerta giratoria»: Es un mito aplicado a los sectores vulnerables. Los especialistas señalan que los chicos que cometen delitos graves no recuperan la libertad rápidamente; de hecho, Argentina tiene niveles de prisionización superiores a la media mundial.
• La edad como decisión científica: No hay una razón técnica que explique por qué se salta de los 15 a los 14 o 13 años en los distintos proyectos. Es una decisión político-legislativa que ya se probó durante la última dictadura militar sin resultados positivos.
• La solución es más cárcel: El proyecto propone asignar 23 mil millones de pesos para infraestructura carcelaria, mientras se recortan presupuestos en Educación y Cultura. Los expertos coinciden en que el sistema penal fracasará si antes falla la prevención y la promoción de derechos.
• El enfoque en el síntoma, no en la causa: Al bajar la edad, se criminaliza a jóvenes que a menudo son víctimas del crimen organizado. «Cuando un chico es captado por el narcotráfico, el problema se resuelve persiguiendo a los adultos, no castigando al eslabón más débil», afirma Graham.

Un placebo para la sociedad

Para los sectores críticos, esta ley no es más que un «placebo». Se le vende a la sociedad la idea de que endurecer las penas traerá seguridad, cuando la realidad indica que la reincidencia aumenta si no hay dispositivos de acompañamiento adecuados.

Como señala Graham, resulta paradójico que el Estado desfinancie políticas de cuidado —aumentando la mortalidad infantil o interrumpiendo tratamientos— pero busque castigar con mayor celeridad cuando esos mismos niños crecen.

La pregunta que queda flotando en el Congreso es si la política busca realmente reducir el delito o si, como afirma Claudia Cesaroni, «solo les importó conseguir un titular».