El peronismo después de Matheu

Por Javier Bach Bilbao. El martes 19, en la sede de la calle Matheu 130, el Congreso Nacional del Partido Justicialista volvió a reunirse para cumplir con las formalidades que la vida partidaria impone: balances, actas, definiciones administrativas. Lo presidió el gobernador formoseño Gildo Insfrán y todo terminó concentrado en resoluciones de gestión, sin abordar las definiciones políticas de fondo sobre la estrategia del peronismo frente al gobierno de Javier Milei. Las palabras de unidad estuvieron a la orden del día. Las decisiones políticas, no tanto.

El resultado más visible fue la ratificación de las intervenciones partidarias en Salta y Jujuy y la designación de nuevos normalizadores: para la provincia jujeña, Teresa García y Máximo Rodríguez, quienes ya habían cumplido esa función en Corrientes. La votación no se realizó en forma nominal sino por porcentajes: un 80% de apoyo, un 20% de rechazo, y ningún nombre que responda por uno u otro lado.

El cronograma interno apunta al 25 de octubre para las internas que deberían normalizar al peronismo provincial.

La lógica de los normalizadores enviados desde Buenos Aires revela una incomprensión profunda de lo que ocurre en el Norte. Dos dirigentes que vienen de normalizar Corrientes difícilmente puedan resolver desde afuera lo que el peronismo jujeño tiene que resolver desde adentro.

Jujuy no necesita comisarios políticos: necesita un acuerdo entre las líneas reales que conviven en la provincia, con la voluntad de los afiliados como árbitro último. Lo que se decide en Matheu sin escuchar al territorio rara vez sobrevive al territorio.

Hay, además, una cuestión de método. Resolver por porcentajes una decisión política mayor –sin nombres, sin responsabilidades individuales– constituye una forma elegante de no comprometerse con nada. El peronismo se hizo grande hablando de cara al pueblo, no escondiéndose detrás de las matemáticas del cuórum. Quien apoya, apoya con nombre; quien disiente, disiente con nombre. Lo otro es administración, no política.

Las palabras del gobernador riojano Ricardo Quintela en el encuentro fueron una advertencia que vale la pena recoger: “La unidad no se impone, sino que se construye escuchando y respetando las distintas realidades de cada provincia”. No es retórica: es el diagnóstico de un peronismo del interior que aporta todos los días gobernadores, intendencias, militancia y votos, y que se muestra cada vez menos dispuesto a financiar con su silencio decisiones que se toman a sus espaldas.

Mientras tanto, hay una Argentina, y muy especialmente una Jujuy, que no tiene tiempo para esperar a que el partido termine de ordenarse. Se cierran comercios, se profundiza la crisis del empleo y avanza una agenda libertaria que ha encontrado en la provincia uno de sus laboratorios predilectos. Cada hora dedicada a la interna es una hora que no se dedica a la disputa con Milei. Y esa disputa se perdió en octubre del año pasado.

Conviene recordar, finalmente, que la senadora nacional Carolina Moisés había anticipado, en los días previos al Congreso, los reparos que hoy resultan evidentes. Le planteó al presidente del Consejo, José Mayans, la necesidad de un acuerdo político que excediera el plano de las intervenciones; denunció que el partido estaba “secuestrado” por el kirchnerismo y que en ese esquema “no hay lugar para gobernadores, gremios ni senadores”; calificó la fecha del 25 de octubre como un “calendario perdedor”, dado que Salta y Jujuy suelen adelantar sus comicios a febrero o marzo, y reiteró su voluntad de conducir el justicialismo jujeño en un marco electoral “ordenado y transparente”.

Lo que el Congreso terminó resolviendo no hizo más que confirmar lo que la senadora venía advirtiendo.

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