Icono del sitio El Submarino Jujuy

Baja de la edad de punibilidad: Entre el marketing y la evidencia

Imagen generada por IA/Gemini

Mientras el Congreso debate reducir la edad de punibilidad a los 14 años, especialistas advierten que la medida funciona como un «placebo» social. Los datos demuestran que los países con leyes más severas tienen mayores tasas de criminalidad y que la incidencia juvenil en delitos graves es mínima.

Con la media sanción en Diputados del proyecto que busca castigar penalmente a adolescentes desde los 14 años, se reaviva una discusión que, según expertos, carece de sustento empírico y se apoya más en consignas electorales que en soluciones reales para la seguridad ciudadana.

El mito del ‘baño de sangre’ juvenil

Uno de los principales argumentos del oficialismo es la supuesta urgencia de frenar una ola de delitos cometidos por menores.

Sin embargo, las estadísticas oficiales de 2024 desmienten este escenario. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, apenas el 0,3% de los adolescentes de 16 y 17 años estuvo involucrado en procesos penales.

Marisa Graham, exdefensora nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, es tajante: “Estamos discutiendo bajar la edad penal cuando más del 99% de los chicos no tiene ningún conflicto con la ley”, afirmó en una entrevista con el diario Tiempo Argentino.

Según Graham, los delitos graves como homicidios o violaciones cometidos por esta franja etaria son «estadísticamente ínfimos».

Consultada sobre cómo cree que se va a aplicar la ley en el caso de que se apruebe, sentenció: «Se va a cumplir mal. A los pibes los van a meter en cualquier lado, con operadores que no saben tratar con chicos en conflicto con la ley penal. Así no se evita la reincidencia, al contrario: se los expone a volver a delinquir. El riesgo es que los chicos salgan peor de lo que entraron».

Y advirtió: «Si no hay operadores capacitados, equipos técnicos ni dispositivos adecuados, lo único que se logra es mayor reincidencia».

Cinco falacias del discurso punitivista

El análisis de especialistas como Claudia Cesaroni (Cepoc) y el juez Rodrigo Morabito permite identificar las contradicciones del proyecto actual:

Un placebo para la sociedad

Para los sectores críticos, esta ley no es más que un «placebo». Se le vende a la sociedad la idea de que endurecer las penas traerá seguridad, cuando la realidad indica que la reincidencia aumenta si no hay dispositivos de acompañamiento adecuados.

Como señala Graham, resulta paradójico que el Estado desfinancie políticas de cuidado —aumentando la mortalidad infantil o interrumpiendo tratamientos— pero busque castigar con mayor celeridad cuando esos mismos niños crecen.

La pregunta que queda flotando en el Congreso es si la política busca realmente reducir el delito o si, como afirma Claudia Cesaroni, «solo les importó conseguir un titular».

Salir de la versión móvil