Blaquier: Los jujeños ya lo condenamos

Por Luis Paz, abogado de la Tupac Amaru. El testimonio y las pruebas presentadas a la justicia sobre la complicidad de Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos en las causas vinculadas con los delitos de lesa humanidad son contundentes.

Quienes vivimos en Jujuy y conocemos el proceso no tenemos ninguna duda de que el revocamiento del procesamiento del titular del grupo Ledesma y del ex administrador general son una muestra más de la relación de algunos sectores del Poder Judicial con empresarios con estrechos lazos con los responsables de la dictadura militar y que han sido grandes beneficiarios de las políticas económicas de aquella época. Entendemos que el fallo de la Cámara de Casación Penal tiene más que ver con la lucha de quienes no quieren perder sus privilegios que con la verdad y mucho menos con la justicia.

Al conocerse la noticia, Milagro Sala, con acierto, declaró que el revocamiento del procesamiento del dueño de la empresa Ledesma; la decisión del juez federal Julián Ercolini que rechazó citar a Héctor Magnetto, a Ernestina Herrera de Noble y a Bartolomé Mitre por la apropiación irregular de Papel Prensa; la declaración de falta de mérito que el juez Claudio Pontet dictó en favor de Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia, acusado de participar y promover crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura en Bahía Blanca dan cuenta de la complicidad de sectores del Poder Judicial con el empresariado que colaboró con la devastación de este país.

Las Madres de Plaza de Mayo, solitarias comenzaron su lucha hace más de 3 décadas, al igual que las Abuelas. En Jujuy, Olga Arédez, también al principio en soledad, peleó para que la verdad sobre la desaparición de su marido, entonces intendente de Ledesma y quien tuvo la osadía de aumentarle los impuestos a la empresa azucarera, saliera a la luz. Lo que antes aparecía como un reclamo que gran parte de la sociedad desestimaba hoy está confirmado a partir de la persistencia inclaudicable de los organismos de Derechos Humanos y de las políticas impulsadas por el gobierno nacional desde 2003 en la materia. Desde las organizaciones sociales, desde nuestro nacimiento, acompañamos ese reclamo y particularmente en Jujuy ese apoyo llevó a que tres años atrás el juez Carlos Olivera Pastor, que mantuvo cajoneadas las causas, renunciara y, a partir de la designación de Fernando Poviña se lograran importantes avances en las mismas. La condena firme y efectiva a los responsables civiles de la dictadura es una deuda pendiente de la justicia.

Quienes integramos la Tupac Amaru y el Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular (FUyO) vamos a continuar acompañando a los organismos de derechos humanos, levantando las banderas de la memoria, la verdad y la justicia y vamos a seguir exigiendo la democratización del Poder Judicial. Consideramos que estas decisiones contrarias a la verdad no hacen más que dañar a la democracia.

La Cámara de Casación Penal emitió un dictamen. Pero en Jujuy, Carlos Pedro Blaquier seguirá condenado.