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El ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Eduardo del Castillo, exhibió en una conferencia de prensa las municiones encontradas en los depósitos de la policía que corresponderían al envío de material represivo por parte gobierno de Mauricio Macri cuando se consolidó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales, y confirmó que se trata de «tráfico ilícito de municiones», un crimen penado con 30 años de prisión en ese país.
Allí confirmó además que en noviembre de 2019 «ingresaron desde la Argentina armas de manera ilegal, sin registros» a Bolivia, y se informó que ya se han «se encontraron 26.900 balas antitumulto 12/70 en un depósito de la Policía» que son parte de las 70.000 balas de gomas que la Gendarmería argentina pidió sacar del país con el argumento de defender la embajada argentina en el Estado Plurinacional.
En ese contexto, precisó: «En el Hércules c130 argentino venia munición y armamento autorizado por el pueblo boliviano que cumplía con todos los mecanismos solicitados, no obstante llegaron otras municiones que no fueron ni solicitadas y mucho menos autorizadas».
El actual embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, participó de la conferencia de prensa
El ministro detalló que el material fue trasladado a las 7 de la mañana del 13 de noviembre de 2019 a la Embajada argentina en Bolivia para que, una vez allí, «personal uniformados de Argentina realizaran la entrega a la policía boliviana».
«Estos efectivos recibieron sin ningún tipo de documentación cajas de municiones, de proyectiles de granadas para la policía boliviana. Gran parte también fue entregada a la fuerza aérea de Bolivia y hay un faltante que aún se encuentra en investigación y que vamos a determinar si fueron utilizados en la masacre de Sacaba y Senkata», completó Del Castillo en el marco de la conferencia de prensa en la que también estuvieron el Jefe de la Policía, Johnny Aguilera, y el embajador Ariel Basteiro.
«Lo que ha cometido el comandante general de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros, el general Jury Calderón y el embajador de Argentina en Bolivia del Gobierno de Macri (Normando Álvarez García), es trafico ilícito de armas y esto está penado en nuestro país con 30 años de presidio sin derecho a indulto», destalló hoy el ministro.
“El comandante general de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros, el General Jury Calderón y el embajador de argentina en Bolivia del Gobierno de Macri han vulnerado los artículos 6, 26, 28 y 29 de la ley 400 y los artículos 49 y 50 del reglamento de la misma ley y también el artículo 26de ese cuerpo normativo”, sintetizó el ministro.
Sostuvo que la cantidad de material no autorizado encontrado es diferente a la que el comandante general de la Fuerza Aérea boliviana Jorge Gonzalo Terceros le agradeció en una nota al exembajador argentino Álvarez García y a los datos recolectados en Argentina.
«Esto nos hace presumir que las fuerzas armadas recibieron más material que aún no ha sido constatado», subrayó y agregó que el material encontrado en bóvedas «no fue utilizado en las masacres», pero no descartó que haya sido destinado a la fuerza aérea.
«Continuaremos con las investigaciones para saber qué sucedió con el faltante que ingresó de manera ilegal», completó.
Autoridades bolivianas consideran que se trata de «tráfico ilegal» de armas
Durante su exposición, el ministro mostró imágenes de los elementos que ingresaron de manera ilegal y en algunas de las cajas se encontraba el sello de la Gendarmería argentina.
En tanto, en otra fotografía se podía ver cómo, «de manera dolosa y malintencionada, habrían tratado de esconder municiones en una bolsa de cuero» bajo el rótulo «guantes».
Plan continental
Por otra parte, el ministro denunció que existió «un plan continental para reprimir al pueblo boliviano» a través del pedido de apoyo de material bélico a Argentina y Ecuador que podía anticiparse desde el 24 de julio del 2019 cuando el Gobierno del expresidente Donald Trump habló «de un supuesto fraude electoral sin prueba alguna».
«Esto le demostró a la comunidad internacional y al pueblo boliviano que ya se tenía un manual para un presunto golpe de Estado en nuestro país», dijo.
La investigación en Argentina
En Argentina, hay más de un proceso en trámite por el envío de armas a Bolivia. La denuncia del gobierno nacional contra Mauricio Macri por colaborar con el golpe de Estado contra Evo Morales empezó a moverse en los tribunales en lo penal económico, donde quedó radicada en el juzgado de Javier López Biscayart.
El viernes, el fiscal Claudio Navas Rial imputó a Macri, a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, al exministro de Defensa Oscar Aguad, al exembajador Normando Álvarez García y al exjefe de la Gendarmería Gerardo Otero, entre otros, por contrabando agravado. Se espera que este mediodía López Biscayart defina si la investigación continúa durante la feria judicial.
En el Ministerio de Seguridad, que conduce Sabina Frederic, se abrió una investigación administrativa para dilucidar qué pasó con el armamento que la Gendarmería sacó del país. Frederic le dijo al diario Página/12 que por la información que manejan ningún efectivo de esa fuerza hizo un disparo durante su estadía en La Paz, lo que también demuele el argumento de que los gendarmes podrían haberse gastado las 70.000 balas en ejercicios o entrenamientos.
A Bolivia fueron enviados integrantes del grupo «Alacrán», especializado en casos de tomas de rehenes. Los alacranes no emplean armamento antitumulto como el que se encontró en los depósitos de la Policía de Bolivia y habría sido donado a la Fuerza Aérea de ese país.
En declaraciones radiales, Álvarez García reconoció que podría haber existido un circuito paralelo para las 70.000 balas antitumulto que llevó consigo el grupo “Alacrán” de la Gendarmería, que llegó a Bolivia el 13 de noviembre de 2019, en las primeras horas del gobierno de Jeanine Añez.
Por su parte, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, no sólo no le pidió explicación alguna a Normando, sino que lo reconoció. Entre aplausos y honores, el exembajador de Argentina en Bolivia y actual ministro de Trabajo de Jujuy recibió de las manos del gobernador la Medalla Orden del General Manuel Belgrano en reconocimiento a su desempeño de «alto valor humanitario» durante el golpe de Estado en Bolivia, en noviembre de 2019. Además, fue declarado “ciudadano ilustre” y “personalidad destacada de la provincia de Jujuy”.
