Bolivia: Fijarán fecha para el juicio contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez

Un tribunal boliviano prevé ordenar este miércoles la apertura formal del primer juicio ordinario contra la exgobernante de facto Jeanine Áñez (2019-2020) por delitos del golpe de Estado de noviembre de 2019, por los cuales podría recibir una condena de hasta diez años de prisión, según el abogado de la acusación, Marcelo Valdez.

La exgobernante de facto aguarda el juicio en detención preventiva desde marzo del año 2021.

El abogado representante de la exdiputada socialista Lidia Patty, principal acusadora, no precisó cuándo comenzaría el juicio oral, pero el viceministro de Justicia, Jaime Siles, anticipó que las audiencias se realizarían en el primer trimestre de este año, ya que luego de dictado su inicio han de transcurrir no más de 45 días.

Valdez remarcó, asimismo, que en el primer juicio serán procesados Áñez y excomandantes militares y policiales, todos en condición de exfuncionarios que según la acusación violaron la Constitución al consumar el derrocamiento de Evo Morales (2006-2019)

Áñez deberá justificar en el proceso por qué se autoproclamó presidenta del Senado, lo cual viola el reglamento de esa cámara, para autoproclamarse luego «presidenta transitoria» del país en el hemiciclo legislativo pero sin presencia de parlamentarios suficientes para habilitar una sesión, indicó Valdez.

Según la acusación, la exgobernante de facto ha argumentado en la fase de investigación del proceso que ella no debería ser juzgada por vía ordinaria, sino mediante un juicio de responsabilidades, “como exmandataria”.

Sin embargo, Valdez dijo que «esta situación ha sido negada; hemos planteado que ella nunca ha sido legalmente posesionada como presidenta, además de que el Tribunal Constitucional ha establecido que ella nunca pudo haber sido presidenta constitucional».

El 30 de noviembre, en el marco de las investigaciones del caso Golpe de Estado II, la comisión de fiscales de la ciudad de La Paz presentó la acusación formal en contra de la exgobernante de facto, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

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