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El jurado del juicio civil contra el expresidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada por su responsabilidad ante una masacre de compatriotas en 2003, retomó este lunes las deliberaciones en Estados Unidos con vistas a emitir el veredicto.
Durante este proceso, que comenzó el último 26 de marzo y celebró cuatro jornadas antes del feriado por el viernes santo y el fin de semana se decidirá sobre la participación en la tragedia de José Carlos Sánchez Berzaín, entonces ministro de Defensa del otrora mandatario. Asimismo se determinará en el sureño estado de Florida si los demandantes serán compensados de manera económica y el monto correspondiente.
Los dos mencionados son hace más de una década el centro de demandas de familiares de ocho de los fallecidos durante la represión contra manifestantes en protestas populares en el país suramericano.
Sánchez de Lozada, quien acudió a la audiencia inicial en el tribunal federal de Fort Lauderdale el pasado 5 de marzo, dio hace 11 días su testimonio ante el juez James I. Cohn, al frente del jurado.
En la intervención, el exgobernante, de 87 años de edad, justificó la postura asumida en la masacre y comentó que estuvo abierto al diálogo con quienes se oponían a su proyecto de exportar gas a través de Chile.
Según reportes periodísticos, en la audiencia de una semana atrás Cohn dio instrucciones al jurado acerca de lo que se consideran ejecuciones extrajudiciales y el sentido de compensar a los familiares de las víctimas.
La sesión estuvo dedicada también a la presentación de los alegatos finales por parte de los abogados de ambas partes.
A criterio de Joseph Sorkin, letrado de los demandantes, está probado que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín ‘precipitaron las muertes’ de civiles al implementar el Plan República para sofocar las protestas con fuerzas militares.
En tanto, para Ana Reyes, abogada de los demandados, resulta ‘irrefutable’ que no hay evidencia alguna de que sus defendidos ordenaran matar a bolivianos, y ha sido un juicio basado en emoción y no en pruebas.
Presidente de Bolivia en 1993-1997 y 2002-2003, Sánchez de Lozada dimitió y viajó a Estados Unidos en octubre de ese último año después de que en dichas protestas murieran casi 70 personas, de acuerdo con allegados de las víctimas.
Una de las partes del expediente judicial recoge la posición del exmandatario ante el conflicto: ‘Si quieren diálogo por el gas, tendrán diálogo, pero si quieren guerra por el gas, tendrán guerra y dispararemos a toda la gente violenta de El Alto’.
Afectados y familiares de los muertos reiteraron su deseo de que Sánchez de Lozada sea juzgado en Bolivia, pero el Departamento norteamericano de Estado negó la solicitud de extradición en 2012.
El actual proceso llegó a los tribunales estadounidenses amparado en la Ley de Protección para las Víctimas de Tortura.
Las demandas iniciales contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín se presentaron por separado en septiembre de 2007 en el tribunal de Distrito de Maryland y el Distrito Sur de Florida, y después en mayo de 2008 se consolidaron en la última instancia.
Prensa Latina
