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Cientos de mujeres brasileñas salieron a las calles de São Paulo y Río de Janeiro para protestar contra un polémico proyecto de ley que pretende equiparar penalmente el aborto a partir de las 22 semanas de embarazo con un homicidio.
En São Paulo, la concentración recorrió la Avenida Paulista, una de las principales arterias de la mayor ciudad de Brasil, entre gritos contra el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira.
Las manifestantes portaron carteles como «Si los hombres quedaran embarazados, el aborto sería legal» o «aborto legal ya», entre otras proclamas a favor de la interrupción voluntaria del embarazo.
En Río de Janeiro, también se reunieron centenas frente a la Cámara Municipal de la capital carioca. Un grupo de mujeres llevó a la protesta flores y un ataúd pequeño en señal de luto.
Un proyecto antiderechos
En Brasil, el aborto solo es permitido en los casos de violación, malformación cerebral del feto y si se trata de un embarazo que pone en riesgo la vida de la madre. En esos tres casos no hay un plazo máximo para la realización del procedimiento.
Ahora, un proyecto de ley plantea, a través de una modificación del Código Civil, penas de cárcel similares a las de un homicidio para aquellas mujeres que interrumpan un embarazo después de las 22 semanas.
La propuesta lleva la firma del diputado Sóstenes Cavalcante, del Partido Liberal (PL), que lidera el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, contrario al aborto, a la «ideología de género» y a la legalización de las drogas.
El controvertido texto dio el miércoles un nuevo paso en la Cámara Baja, dominado por fuerzas conservadoras, después de que la mayoría aprobara su análisis con carácter de urgencia, lo que en la práctica acelerará su trámite parlamentario.
Protestas feministas
De salir adelante, con el aval de la Cámara de Diputados y el Senado, un aborto a partir de las 22 semanas de embarazo, incluidos aquellos producto de una violación, sería castigado como un «homicidio simple», tipificado con penas que varían entre seis y veinte años de prisión.
El proyecto generó una ola de protestas en todos los sectores del progresismo, pues si se aprueba, las mujeres embarazadas víctimas de violación y que aborten a partir de las 22 semanas tendrían penas mayores que sus agresores, cuyo castigo oscila entre seis y doce años de cárcel.
El Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenó de forma tajante la iniciativa. «Es gravísimo; un retroceso a los derechos de las mujeres», afirmó este jueves en sus redes sociales la ministra de las Mujeres, Cida Gonçalves.
