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Luego de la exposición de Ariel Lijo el pasado miércoles, llega esta semana el turno del otro candidato a la Corte Suprema de Justicia propuesto por el gobierno, Manuel José García Mansilla. La convocatoria de la Comisión de Acuerdos del Senado es para este miércoles a las 10.
García-Mansilla fue propuesto por el Gobierno para reemplazar en el máximo tribunal a Juan Carlos Maqueda, quien cumplirá 75 años el próximo 29 de diciembre.
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, el abogado participó en 2018 de los debates por la interrupción voluntaria del embarazo, entre los que se manifestaron en contra el aborto legal.
Al enviar su pliego, el Poder Ejecutivo lo calificó como “un prestigioso académico con una sólida formación en derecho constitucional” y, respecto de las opiniones a favor de su postulación, señaló que las mismas “se sustentan en su acreditada idoneidad para el desempeño del cargo de que se trata, su trayectoria como docente universitario, los numerosos artículos del que es autor y su reconocida solvencia intelectual”.
“Ha dado muestras a lo largo de su trayectoria personal y profesional de respeto irrestricto a nuestra Carta Magna, al sistema democrático, y compromiso con la defensa de los Derechos Humanos, todo lo cual lo erigen en un digno aspirante a ocupar un sitio en la Corte Suprema de Justicia”, agregó el PEN.
Sobre García-Mansilla se presentaron una veintena de impugnaciones y cinco adhesiones ante la Comisión de Acuerdos.
El académico rechazó las críticas referidas a su postura sobre el aborto legal, al considerar que “omiten o directamente tergiversan las opiniones doctrinales que expresé”. E indicó: “Se derivan escenarios imaginarios a todas luces infundados sobre cómo podría decidir casos a futuro (algo que jamás adelanté)”.
Quién es Manuel García-Mansilla
Manuel García-Mansilla es abogado, académico y tiene una extensa carrera en el sector privado. Hizo un máster en Georgetown University, en los Estados Unidos, donde escribió una tesis crítica sobre el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) en la Argentina.
Nació el 6 de mayo de 1970 en San Carlos de Bariloche, Río Negro. Su carrera académica y profesional es extensa y siempre trabajó y estudió en el ámbito privado. Si fuera finalmente designado en la Corte Suprema, sería su primera vez en el Poder Judicial.
A los 25 años se recibió de abogado en la Universidad del Salvador. Entre 2001 y 2002 obtuvo un Master of Laws (LL.M) en Georgetown University Law Center, Washington D.C., en Estados Unidos. El año pasado hizo un doctorado en Derecho en la Universidad Austral, donde se desempeña como decano de la Facultad de Derecho desde 2019. Uno de los jurados de su tesis, que aprobó con la máxima nota, fue Carlos Rosenkrantz, actual ministro de la Corte, y quien, de ser aprobado su pliego, sería su compañero en el máximo tribunal del país.
Según aclaró el jurista al sitio Chequeado, seguirá desempeñándose como decano hasta el 31 de diciembre.
De acuerdo con su curriculum vitae, García-Mansilla comenzó a ejercer la abogacía en 1996: trabajó de 1997 a 2005 en el estudio Marval, O’Farrell y Mairal, uno de los más importantes del país. Luego, se desempeñó en la industria del gas y petróleo entre 2005 y 2010. En esos años trabajó en las empresas Occidental Argentina Exploration and Production Inc., y Vintage Oil Argentina Inc., donde brindó asesoramiento legal en aspectos regulatorios de la industria del petróleo.
Entre 2010 y 2014 trabajó en el estudio Liendo & Asociados, fundado por Horacio Liendo, señalado como uno de los ideólogos de la convertibilidad en la década del 90. Desde 2014, de acuerdo con su CV, se desempeñó como director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), pero, según aclaró a Chequeado, desde el 1 de junio está “sin actividad formal en la Cámara”.
Su postura sobre aborto, derechos humanos y la Constitución
“En la Argentina, los DNU han destruido la separación de poderes y los contrapesos entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Además, a cierto nivel, la Corte Suprema ha hecho poco para hacer cumplir los requisitos de que la legislación provenga del poder legislativo y no de los presidentes”, escribió en 2001 en su tesis de maestría.
En su trabajo, argumenta que este uso de los DNU llevó a un hiperpresidencialismo y debilitó los controles institucionales, y que la solución no es adoptar un sistema parlamentario, como proponen algunos, sino fortalecer la separación de poderes siguiendo más de cerca el modelo estadounidense.
A fines de julio de 2024, docentes y egresados/as de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) presentaron un escrito ante la Comisión de Acuerdos del Senado para impugnar su candidatura de García-Masilla a la Corte, y hacer preguntas para que sean consideradas en la audiencia pública prevista para debatir la designación.
Allí, indican: “En sus textos publicados y en intervenciones ante el Senado de la Nación, el Dr. García-Mansilla presenta interpretaciones de la Constitución que –de ser sostenidas en fallos como integrante de la Corte– implicarían un retroceso en el alcance dado hasta hoy a ciertos derechos”.
Las opiniones de García-Mansilla que generaron controversia se relacionan especialmente con el aborto y los derechos humanos. En su presentación ante el Senado en 2018, durante el debate sobre el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, afirmó: “El supuesto derecho al aborto no existe, no está reconocido en ninguna de nuestras normas vigentes y tampoco se deriva de una interpretación razonable de ellas”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó un comunicado contra las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Este último, señala el CELS, “rechaza la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos incluidos en la Reforma de 1994, lo que significa un obstáculo para la efectiva protección de los derechos humanos en la Argentina”.
Además, explican que “plantea posiciones muy regresivas sobre los derechos de las mujeres y la interrupción legal del embarazo”.
García-Mansilla también se opuso al fallo F.A.L de 2012, en el que la Corte Suprema determinó que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación, sin importar el salud mental de la mujer, no es punible. “A su entender, las mujeres que sufren una violación –y que no padecen algún tipo de discapacidad mental- no tienen derecho a acceder a una interrupción legal del embarazo y deben ser perseguidas penalmente”, indica el comunicado del CELS.
En una nota de Chequeado sobre legalización del aborto, publicada en 2020, el jurista hizo un comentario donde ratificó su posición, enfatizando las interpretaciones legales que apoyan la protección de la vida desde la concepción y criticando el proyecto de ley de legalización del aborto. Luego, citó un artículo suyo publicado en la revista del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires donde argumentaba que el proyecto era inconstitucional. La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, finalmente, fue aprobada en diciembre de 2020.
Impugnaciones y adhesiones
Organizaciones como la Asociación Argentina de Juristas, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), el Grupo de Investigaciones en Derechos Sociales (Gides), el CELS, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, Amnistía Internacional, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Shalom Bait (Asociación Civil para la Prevención de la Violencia Familiar) y GROW (Género y Trabajo), entre otras, han presentado observaciones críticas e impugnaciones a su candidatura.
También la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que indicó que al no postular a una mujer para el máximo tribunal, “la Argentina estaría incumpliendo las obligaciones internacionales contraídas por el Estado argentino en materia de igualdad real de oportunidades de las mujeres y el artículo 3 decreto 222/2003 (modificado por decreto n°267/24)”.
En la respuesta que se encuentra subida en la página del Senado, García-Masilla argumentó que las impugnaciones basadas en sus opiniones académicas “están descontextualizadas, tergiversadas y confunden el rol académico con el judicial”. Sostiene también que sus publicaciones representan menos del 5% de su producción académica y que sus posiciones doctrinales son consistentes con los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Suprema.
Respecto a la diversidad de género, indicó que comparte los ideales igualitarios pero que no puede expedirse sobre el tema debido a los procesos judiciales en curso.
Aunque son menos que las impugnaciones, entre los documentos publicados por el Senado también hay adhesiones a la candidatura de Mansilla, de organizaciones como Será Justicia, la Asociación Civil Lógica , el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
La organización de abogados Será Justicia argumentó que “en su persona se conjugan, de un modo que es poco frecuente, antecedentes que lo califican con la excelencia que uno espera hallar en una persona postulada para cubrir una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por el otro, valores morales y republicanos necesarios en cualquier magistrado”.
