Los diputados y diputadas del Bloque Justicialista de la Legislatura de Jujuy, nos dirigimos a ustedes con el objetivo de ponerlos en conocimiento de la grave situación social, económica y laboral que están viviendo las familias jujeñas en la actualidad.
Observamos con preocupación que desde su rol legislativo no están intercediendo, gestionando o defendiendo al pueblo jujeño, del atroz avasallamiento de derechos que viene realizando el gobierno nacional.
Pasaron más de 120 días desde las primeras medidas del oficialismo nacional, y poco o nada supimos de los planteos emitidos por ustedes en el Senado o en la Cámara de Diputados de la Nación.
El “Sinceramiento” del gobierno nacional recortó en más del 38% las jubilaciones y pensiones, se achicaron al menos un 27% los salarios públicos, un 64% los subsidios económicos (principalmente a la energía), un 86% en la obra pública, sumado al último tarifazo energético (suba del 151% para el precio mayorista de la energía eléctrica). Todo esto sin una presentación de su parte, clara y concisa en contra de estos brutales recortes.
En relación a este punto instamos a que presenten los proyectos necesarios para que no se aplique el nuevo concepto de segmentación de subsidios por ingresos basados en la “Canasta Básica Energética” y siga manteniéndose el decreto 332/2022 de “Tarifa Social” que se mantuvo en la gestión anterior, de lo contrario las próximas boletas del servicio de electricidad y gas, serán devastadoras para las familias jujeñas.
Finalmente les recordamos que tampoco vimos actividad legislativa alguna en la defensa y restitución para Jujuy, de la quita del subsidio al transporte, que se plasmó en la drástica eliminación del Fondo Compensador del Interior. Esto generó un terrible daño al bolsillo de los trabajadores y una crisis sin precedente en el transporte público de pasajeros.
De la misma manera fue sorprendente la inacción ante los anticipados anuncios de cierre de los Centro De Referencia (CDR) que albergaban además otras instituciones como la SENNAF (Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia), la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), los CAJ (Centro de Acceso a la Justicia), el INAF (Instituto Nacional de Agricultura Familiar), entre otros.
Para finalizar afirmamos que resulta indispensable que trabajen por el mandato que les dio nuestra comunidad, de forma tal que hagan cumplir los principios de equidad y solidaridad, a los fines de que se mantengan las políticas públicas de protección a sectores cuya capacidad económica es más vulnerable.