Carta Abierta a Wado Pedro para «ponga fin al contubernio Morales-Rivarola»

La dirigencia y militantes de diferentes espacios políticos opositores al gobierno provincial, remitieron en las primeras hoy, jueves, una carta abierta al ministro del Interior, Wado de Pedro. “para contarle el oprobioso escenario político jujeño resultado del contubernio indisimulable que mantienen el Gobernador Gerardo Morales y el titular del Partido Justicialista provincial, el diputado Rubén Rivarola”.

A continuación, la misiva textual trasmitida al titular de la cartera política:

“Queremos poner en su conocimiento hechos acaecidos en las últimas horas en la provincia, que encuadran como de persecución política contra compañeros peronistas principalmente, y que tienen como protagonista al mismo actor: el presidente del Partido Justicialista por el Distrito Jujuy, Rubén Armando Rivarola, en franca connivencia y funcionalidad con los intereses del Gobernador Gerardo Morales.

Con diferencia de escasas horas, dos compañeros del Frente de Todos han recibido suspensiones arbitrarias e irregulares en los cuerpos legislativos en los que se desempeñan, por el mero hecho de haber hecho uso de su libertad de expresión, un derecho humano que asiste a todo ciudadano, pero más aún a legisladores electos por la gente.

En el más reciente de ellos, la víctima del atropello institucional fue la diputada provincial  Alejandra Noemí Cejas, quien durante la sesión especial de la Legislatura del pasado 21 del corriente convocada al solo efecto de tratar la autorización para que la provincia inicie tratativas ante laboratorios para la adquisición de vacunas contra el COVID-19, argumentó su posición en contrario mencionando razones que –más allá de su subjetividad o su·”verdad relativa”, parafraseando a nuestro querido Néstor Kirchner–, indudablemente molestaron al diputado Rivarola y generaron su desproporcionada reacción.

En efecto, el mencionado legislador planteó una cuestión de privilegio contra Cejas, y en menos de 15 minutos, con el necesario concurso de los legisladores de la UCR, del PRO y del PJ, procedieron a la suspensión de la legisladora por 90 días.

 

Horas antes, y en este caso en el ámbito del Concejo Deliberante del municipio de Perico, el concejal Edgardo de Jesús Sosa fue insólitamente suspendido tras haber realizado declaraciones periodísticas que disgustaron al presidente de ese cuerpo, el concejal Walter Cardozo, quien responde al propio Rivarola.

En este caso, la irregularidad alcanzó ribetes escandalosos por no haberse reunido los dos tercios necesarios de los ediles presentes para proceder a la suspensión, tal como establece el Reglamento Interno del Concejo Deliberante en su Artículo 226.

En ambos episodios, hay una razón concurrente: se trata de dos dirigentes que no reconocen las conducción partidaria de Rubén Rivarola, y que para las elecciones legislativas del 27 de junio han decidido participar en la compulsa por otros espacios de raigambre peronista.

Similar consecuencia ha debido afrontar en la ciudad de San Salvador de Jujuy el concejal Agustín Flores, de la corriente peronista OLA, separado de la vicepresidencia primera del cuerpo por el voto compartido de los representantes del PJ y la UCR luego que manifestara públicamente su decisión de sumarse a un espacio peronista diferente al del PJ.

También se registra el insólito caso del diputado de izquierda del FIT que no dejan asumir, en tanto el legislador Iñaki Aldasoro renunció a su banca hace varios meses para que asuma en su lugar  Gastón Remy, y cumplir así con el acuerdo de rotación en los mandatos que tienen los componentes de esa  alianza.

La confirmación de la connivencia operativa entre el PJ y el radicalismo macrista del Gobernador Morales llegó también en estos días con el caso de Lucio Giménez, un dirigente de la Corriente de Opinión Nacional de la UCR, quien al presentarse como primer candidato a concejal por el Frente Todos por Jujuy de la Capital, le fue interrumpida la relación laboral que mantenía en la legislatura provincial.

Ponemos de manifiesto que de modo alguno las diferencias internas pueden dar lugar al amedrentamiento y la persecución lisa y llana de las disidencias políticas.

Este accionar del titular del PJ jujeño reconoce como antecedente inmediato el bochornoso Congreso partidario del 8 de abril pasado, en el que se le impidió el acceso a congresales que no reconocen su liderazgo, se silenciaron las voces de los delegados críticos y se votó a libro cerrado la conformación de una mesa de acción política que, poco tiempo después y hegemonizada por el rivarolismo, dejó sin posibilidades de acordar una propuesta electoral y las candidaturas que expresen una real oposición al gobierno de Gerardo Morales.

Los hechos de hostigamiento a dirigentes y militantes políticos se producen en el contexto general de una provincia que bajo la administración del Gobernador Morales ha cooptado al Poder Judicial utilizándolo a su antojo; donde se criminaliza la protesta social al labrar “actas de infracción” a los sindicatos y trabajadores autoconvocados que en su legítimo derecho a peticionar, son multados por impedir la libre circulación vehicular e inclusive amenazados con la pérdida de la libertad.

Desde hace más de cinco años en Jujuy se ha naturalizado el acoso a los opositores, se ha extraviado la seguridad jurídica y no hay resguardo institucional para la libertad de expresión y las elementales libertades políticas. Hemos tocado fondo y es urgente poner coto a tanta desmesura.

La gravedad de los hechos que se ponen en su conocimiento configuran un eslabón más en la cadena de episodios que enlazan el colaboracionismo constante (por no decir la sociedad política y empresarial) entre el titular del PJ y la administración de Gerardo Morales.

Por eso, convencidos de que hoy en la provincia de Jujuy se confundenlos roles de la oposición que en su máxima representación partidaria ostenta Rubén Rivarola, con los intereses de disciplinamiento y voluntad hegemónica de parte del Gobernador Morales, solicitamos tenga a bien considerar su decidida intervención para que se revisen los hechos denunciados y se detenga la escalada persecutoria contra nuestros dirigentes y militantes.

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