Caspalá, de la resistencia a la recuperación: «Volver de a poco»

Los pobladores de Caspalá están esperanzados con que finalmente se haga justicia, después de más de dos años de padecer los atropellos del gobierno provincial, primero de parte de la gestión de Gerardo Morales y luego del actual mandatario Carlos Sadir, que se demora en cumplir con los compromisos asumidos. Mientras tanto, van recuperando de a poco su ritmo habitual y reconstruyendo con mucho esfuerzo lo que destruyeron las máquinas.

Pablo Cruz Moyoja es el dueño del terreno de Caspalá que el gobierno de Gerardo Morales le expropió de manera ilegal en 2022, habilitando lo que ocurrió luego, a fines de ese año, cuando entraron las máquinas custodiadas por la policía arrasando los sembradíos de su finca y destruyendo todo a su paso; incluidos los objetos ancestrales que estaban en un antigal que era custodiado hasta ese momento por la familia Cruz y toda la comunidad. En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), Pablo describe cómo es su vida hoy, tratando de recuperarse de a poco y con la expectativa de que el pueblo reciba finalmente la reparación que merece.

«Nosotros somos cuatro hermanos. Yo estoy viviendo actualmente ahí con mi señora, con mi animales, mis chicos. La finca es de tres hectáreas y media. Yo había forestado, porque Caspalá es un lugar seco. Había forestado bonito para mis animales, puesto el alambrado. La mantenía bien. Porque de eso vivo yo», relata Cruz a El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), apenas unos días después de que se confirmara la imputación contra seis funcionarios y exfuncionarios por el delito de fraude a la administración pública.

La denuncia penal federal fue motivada a partir de los hechos de noviembre de 2022. El entonces gobernador Morales dijo que iba a construir una escuela secundaria en el mismo lugar donde funciona una cancha comunitaria. Para ese proyecto, recibió un adelanto del financiamiento de Nación cuyo destino se desconoce. El manejo de esos fondos es lo que se investiga en la causa que el año próximo será elevada a juicio oral. La comunidad de Caspalá está representada por las abogadas Alejandra Cejas y Silvana Llanes.

Resistencia y represión

A pesar de las denuncias y la resistencia de los pobladores, el gobierno provincial llegó a desmantelar la cancha comunitaria, que estaba emplazada sobre un terreno privado, con el fin de construir allí el edificio escolar, pese a que desde 2015 había un lote destinado a ese fin. Frente a la protesta de los pobladores, que fue reprimida por la policía, Morales anunció que se iba a construir un «polideportivo» en otro sector del pueblo: la finca Santa Rosa, propiedad de la familia Cruz Moyoja. Para esa obra, Morales logró que la legislatura aprobara una expropiación irregular de esas tierras.

«El gobierno no hizo una expropiación, porque para hacer una expropiación hay una forma técnica, se hace una oferta económica. Y a mí jamás me hicieron una oferta económica -repasa Pablo-. No se hizo nada correcto. Simplemente lo que han hecho ellos es una usurpación de mi propiedad. Bien cercada estaba, no entraba ningún animal ni nada. Y ellos entraron con la fuerza de Infantería, con la policía de Morales, como los vecinos la llaman, y rompieron todo».

Pablo Cruz recuerda los días previos a que las máquinas entraran a su finca e hicieran «todo ese desmán»: «Por reclamar nuestros derechos, por estar sentados en la calle sin hacer ningún bochinche, a nosotros no han metido presos, nos han metido balas de goma, han hecho lo que han querido».

‘Bien bonita’

«Yo soy originario. He nacido en Caspalá, he vivido prácticamente toda mi vida acá. Son años que he dedicado a esto. Vivo de lo que me dejaron mis abuelos, de las tierras ancestrales», cuenta.

La propiedad donde vive Cruz con su familia tiene una extensión de tres hectáreas y media. «Yo la tenía subdividida con potreros más chicos, con alambrados todos. Había trabajado con la gente que ha ido allá, los ingenieros del Programa Social Agropecuario. Hice unas mejoras con asesoramiento técnico. Así que toda la propiedad estaba forestada completamente. Bien bonita la tenía», recuerda.

En su tierra, la familia Cruz cría animales. Tiene vacas, burros, caballos, todos en sus corrales. Y en otra parcela siembra maíz, zanahorias, acelga, ajo, lechuga, cebolla y frutales. «Cuando entraron las máquinas -evoca- estaba todo verde, porque es a riego. Y pastura que no es autóctona, o sea que yo tenía que comprar la semilla y sembrarla».

‘Volver de a poco’

El día que entraron las máquinas Pablo no estaba en su casa. Estaba internado en el Hospital Pablo Soria, con oxígeno. Pero la comunidad denunció en las redes lo que estaba ocurriendo. «Mi señora estaba. Pero cómo te vas a oponer a ellos, con el equipamiento que tienen para darte la paliza», reflexiona.

La destrucción de la tierra de la familia Cruz Moyoja dejó consecuencias que perduran. «Se me murió una vaca. Flaquita estaba, no tenía pasto. Yo no llevo al campo porque no hay pastura. Y al año pasado no me permitían ocupar el espacio del terreno, así que perdí toda mi producción».

De los 15 o 20 terneros que solía «levantar» cada temporada, ahora Pablo apenas tuvo tres. «Con eso vivía del autoconsumo, no es que vendía al mercado. Pero al tener tres ya no tengo ni para reponer mis gastos», explica.

«Hoy tengo mis vaquitas, sigo manteniendo la vaca grande y ahora otra vez estoy tratando de cuidar, tengo unos cuantos terneros. Pero han destruido todo. Vamos a intentar volver de a poco», afirma.

La recuperación es lenta. Pablo detalla: «Ahora no puedo ni regar. Le explico. Caspalá es una ladera, no es una planicie. Por lo tanto los antepasados lo han hecho amesetado para que no se produzcan los derrumbes. Pero con las máquinas que pasaron, en partes han dejado inclinado el talud y se han producido unos zanjones que una persona entra y se esconde. Han quedado unos huecos terribles. Es una desfiguración del terreno y no sabemos cómo solucionar eso ahora».

La profanación

Pero las acciones del gobierno de Morales no arrasaron solo con la finca de la familia Cruz Moyoja. También destruyeron un antigal que había en el lugar, que era custodiado por toda la comunidad. «Mis campos, todo eso, eran tierras ancestrales milenarias que ellos han ido a profanar, digamos. Había cámaras funerarias. Se han llevado el contenido de algunos pozos y otras cosas también. Y eso es lo que no quieren reconocer ellos».

El mes pasado, en el marco de la investigación por la destrucción del patrimonio arqueológico de la finca Santa Rosa y de la cancha ancestral de Caspalá, se labró un acta de acuerdo entre la fiscalía federal y el fiscal de Estado, en representación de la provincia de Jujuy, por el cual se comprometen a restituir al estado anterior la cancha y volver todo para atrás, como forma de reparación integral de los daños que han causado en estas dos propiedades. El gobierno tiene un plazo de 30 días hábiles para hacerlo.

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«Ellos profanaron todas esas reliquias de los ancestros, las dejaron al descubierto y ahí es cuando recién paran la mano, porque las denuncias ya estaban, de todo tipo», recuerda Pablo, y agrega: «Como en Jujuy no hay justicia, tuvimos que recurrir al fuero federal. Si hubiéramos estado nosotros acá en la provincia normal con esas denuncias no llegábamos a ninguna parte, porque la gente del gobierno la maneja el Gobierno y hacen lo que quieren ellos».

Sobre las tareas de reparación, Pablo cuenta que todavía «no hicieron nada de nada, están incumpliendo lo que firmaron en el convenio». Y añade: «Son tan incumplidores que no les gusta andar por derecha».

‘Toque de queda’

Después de haber pasado las máquinas por los campos de la familia Cruz Moyoja, por aquellos días la policía provincial prácticamente sitió el pueblo de Caspalá. «Es más, la policía se fue a vivir dentro de mi propiedad, hizo un campamento adentro», cuenta Pablo.

«Yo he vivido en la época de la dictadura cuando era chico, en Humahuaca por razones de estudio, y ahora lo único que falta en Caspalá es que hagan el toque de queda a las 11 de la noche y metan preso a todo el mundo», comenta.

Los uniformados se retiraron cuando la justicia federal dictó una medida cautelar que le dio intervención a la Gendarmería. «Con eso han dejado de hostigarnos con la policía», dice Cruz.

«Este es un pueblito hermoso, donde no vive gente de afuera, todos nos conocemos, somos vecinos. No llegamos ni a cien familias porque la mayoría vive en la ciudad», describe Pablo.

Y recuerda que hace un tiempo Caspalá fue nominado como uno de los pueblos más lindos del mundo: «Por eso querían expropiar mi propiedad y quedarse. Pero son tres hectáreas y media. Ni el estadio de River tiene esa dimensiones. No puede ser que en Caspalá quieran hacer una cancha de fútbol en tres hectáreas y media. Era toda mentira».

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