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«Le dieron la mitad de la plata para construir la escuela y no hay nada». Así sintetizó la abogada Alejandra Cejas el núcleo de la causa iniciada contra funcionarios de la gestión de Gerardo Morales por la construcción de una escuela secundaria en Caspalá, para la cual el estado nacional envió 43 millones de pesos de los cuales se desconoce el destino.
El miércoles 4 se realizó la primera audiencia para dar a conocer la causa de imputación de seis funcionarios en el marco de la causa penal federal iniciada por la intención de construir una escuela en un sector comunitario y la destrucción de un antigal en una propiedad privada que fue expropiada de manera ilegal.
«Las acciones de estos funcionarios produjeron un daño casi irreparable en la comunidad de Caspalá», describió en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) la abogada Alejandra Cejas, que junto a su colega Silvana Llanes representa a los pobladores de esa localidad puneña.
‘Corrupción ostensible’
La audiencia del miércoles pasó a un cuarto intermedio hasta este lunes 9, cuando la fiscal federal Lucía Romina Orsetti definirá la situación de los señalados. En tanto, se realiza «un cotejo pedido por las defensas de material probatorio que adjuntó la fiscalía», explicó Cejas.
Entre otros delitos, las abogadas de la comunidad de Caspalá destacan el de defraudación contra el erario público, por el manejo de los fondos que estaban destinados a la construcción de la escuela, que eran de origen nacional.
También cabrían imputaciones por falsificación material ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en particular en el caso de Natividad Apaza, «que falsificó un acta en la que supuestamente la comunidad autorizaba la construcción de la escuela en la cancha, cuando la comunidad en realidad estaba en contra».
«Es un acto de corrupción ostensible, porque llegó la plata y la plata no está. Es lo que dijo la fiscal federal sobre cuáles serían los motivos de la imputación», afirmó Cejas.
La abogada recordó que «para construir la escuela de Caspalá, con fondos del Estado nacional, generaron la usurpación de tierras de la comunidad». Precisó que se trata de «un monto de 43 millones de pesos que no se sabe dónde está, porque en Caspalá no se hizo nada».
«Lo único que se hizo fue daño», agregó.
La abogada contó que se sorprendieron que en la audiencia del miércoles estuviera presente un representante de la Procuración de la Nación. «Cuando la fiscal empezó a leer los fundamentos de la imputación, empezamos a entender que era porque la defraudación era contra el erario público nacional, porque la plata no aparece», reveló Cejas.
En la denuncia, están señalados la exministra de Educación María Teresa Bovi; José Torrejón, actual funcionario del área de Infraestructura Educativa; María Cecilia Rotondo, asesora legal del Ministerio de Educación; María Victoria Martínez Fascio, secretaria de Infraestructura del mismo ministerio, y Diego Ignacio Montenovi, de la Fiscalía de Estado, además del excomisionado y actual vocal de la Comisión Municipal de Caspalá Natividad Apaza.
«Para mí fue novedoso -comentó Cejas-, porque yo pensé que esta escuela se hacía con el Promace. Ellos decían que era parte del endeudamiento con el Banco de Desarrollo de Latinoamérica. Pero era otra mentira de Morales».
Y agregó: «Falsearon hasta los comunicados. Es todo falso. Y estaban desesperados por hacer algo, armar algún escándalo. Tenían que cubrirse para que nadie sepa que habían recibido la plata pero no estaba».
Lo cierto es que la proyectada escuela de Caspalá se iba a hacer con un fondo específico del Ministerio de Educación de la Nación. El presupuesto total era de 95 millones de pesos, de los cuales se llegaron a girar 43 millones.
El conflicto en Caspalá se desató cuando el gobierno provincial decidió construir la escuela secundaria en el sector donde está la cancha comunitaria, en lugar de hacerlo en el lugar que ya estaba destinado para ese fin.
Cejas reveló que la provincia «pidió plata, hicieron la licitación y negaron que en Caspalá hubiera una comunidad originaria, cuando todo Caspalá es una comunidad originaria ancestral».
«Se falsificó todo», completó.
Primera vez
Para las abogadas que representan a la comunidad de Caspalá, «el principal actor y responsable ideológico fue Gerardo Morales», afirmó Cejas, y agregó: «Ahí es donde empieza todo, es la cabeza de todo lo que ha pasado».
La investigación previa y las revelaciones que surgieron de la audiencia del miércoles pasado «abren la posibilidad de pensar que se puede lograr algo de justicia en jujuy», comentó la abogada, y remarcó: «Esta sería la primera vez en nueve años que sentamos en el banquillo de acusados a funcionarios de Gerardo Morales señalados de corrupción».
La confianza de la querella se basa en que «está todo acreditado, la corrupción en este caso es ostensible», afirmó Cejas.
Para la letrada, podría tratarse también de una asociación ilícita. Y cabría la posibilidad de que se amplíe la figura penal y también la cantidad de imputados. «Esto lo vamos a saber cuando tengamos todo el material probatorio y la resolución de imputación», señaló.
Una vez que la fiscal defina la imputación, comenzará la investigación penal preparatoria. «Es hora de que en Jujuy empecemos a saber la verdad de las cosas que están pasando», comentó Cejas.
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