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En la segunda semana de la causa Pibes Villeros, este martes, desde las 14.30 horas, se inicia la etapa testimonial, donde se espera que alrededor de un centenar de personas declaren ante el Tribunal en lo Criminal N°3, que, en la última jornada, ratificó la prohibición del ingreso a los periodistas.
En la nueva audiencia, se esperan que algunos ex cooperativistas que denunciaron a Milagro Sala, sostengan la acusación. También existe la posibilidad que antes de los testimonios, algunos acusados ejerzan el derecho a declarar. Hay expectativas de la palabra de la ex diputada provincial Mabel Barconte, quien está acusada de los delitos de asociación ilícita, extorsión y fraude a la administración pública.
Luego de la confirmación que las juezas, María Alejandra Tolaba como presidente de trámite y las vocales, Cecilia Sadir y Ana Pérez Rojas, no quieren dar publicidad a los actos del proceso judicial, la dirigente social y principal acusada Milagro Sala gritó al ingresar al Vélez Sarsfield “los periodistas tienen que trabajar y eso no es justo, que prohíban la entrada a la prensa al juicio, que tiene que ser justo”.
Las fechas establecidas son las siguientes: 24, 25, 26 y 31 de julio; 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 24, 28, 29 y 30 de agosto; 4, 5 y 6 de septiembre de 2018.
Los hechos
Según el Fiscal de Investigaciones Penales N°1, Diego Cussel (habilitado), da por acreditado, basado en los testimonios que figuran en el expediente, que Sala ha dirigido, organizado y ordenado el accionar colectivo de un grupo de personas pertenecientes a la organización social Tupac Amaru, mediante el despliegue de medios intimidatorios, utilizando el esquema de actuación de la misma y subvirtiendo la figura jurídica de las cooperativas de trabajo reunidas en dicha organización, mediante la desnaturalización con el objetivo inequívoco de defraudar de forma sistemática a la administración pública provincial, en provecho propio, y/o de integrantes de dicho grupo y/o de terceras personas.
En ese sentido, en la acusación fiscal, se afirma que la defraudación fue perpetrada en perjuicio de la administración pública provincial, pues el erario público, se vio disminuido y no se pudo llevar a cabo en su integridad el programa “Mejor Vivir II”, debido a que la organización de recursos suscitada por Milagro Ángela Sala y acordada con los integrantes de la Asociación, tenía por objeto el apoderamiento ilícito de recursos dinerarios del Estado que superaban los 60 millones de pesos.
