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El Concejo Deliberante de Tilcara resolverá este miércoles si lleva a juicio político al intendente Ricardo Romero, acusado de abuso de poder y emisión de cheques sin fondos en el marco de la concesión de la organización del Enero Tilcareño 2018 a una productora privada.
El pedido de juicio político fue presentado por el concejal justicialista Pablo Mendoza. También están señalados como corresponsables el tesorero de la Municipalidad Juan Ortega, quien será citado para una interpelación, y el ministro de Gobierno, David Gordillo.
El escándalo se desató tras la difusión en un programa de Canal 7 de Jujuy de un denuncia compra Romero por haber emitido cheques sin fondos por más de 25 millones de pesos, cifra que, actualizada, alcanzaría hoy los 35 millones. Fue en el marco del Enero Tilcareño, el evento más importante de la localidad quebradeña, que este año fue concesionado a una productora privada.
En su defensa, Romero aduce que libró esos cheques «como garantía». Lo cierto es que el intendente libró cheques como si se tratara de pagarés, con el compromiso de saldar el pago una vez que se terminara el festival y se hicieran las cuentas finales. El problema surgió porque los números no cerraron, por la poca recaudación que arrojó el Enero 2018. Entonces los proveedores salieron corriendo a cobrar los cheques, que habían resultado insolventes.
En la sesión ordinaria de este lunes, el Concejo Deliberante no llegó a tratar la cuestión porque los ediles no se pusieron de acuerdo en el modo en que se llevaría adelante el trámite. Tras una discusión que se dio a puertas cerradas, brindaron una conferencia de prensa en la que anunciaron que este miércoles tratarán el pedido de juicio político.
En medio del escándalo por los cheques sin fondos que libró Romero, se sacó de la galera los cuestionamientos a la gestión del anterior intendente, el radical Félix Pérez, quien fue jefe comunal por cinco períodos. En este sentido, el concejal Mendoza puso el tema en la lista de reclamos para Romero: «La actual gestión también tiene responsabilidad, porque al asumir debió ordenar una auditoría e informar de la situación. No lo hizo, ni siquiera cuando presentamos pedidos de informes al respecto».
