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El próximo martes, el juez Rodolfo Fernández debe resolver si eleva a juicio oral la causa en la que están imputados 20 dirigentes sociales por su participación en la movilización del 20 de junio de 2023 que rechazaba la reforma de la Constitución provincial, aprobada ese día en la Legislatura.
Las defensas vienen denunciando numerosas irregularidades en la investigación y advierten, una vez más, que se trata de una causa armada con el fin de criminalizar la protesta social y continuar con la persecución a referentes sociales.
El fiscal Diego Funes, en nombre del Ministerio Público de la Acusación (MPA), pretende llevar a juicio cuanto antes a los 20 dirigentes sociales imputados por los delitos de resistencia a la autoridad, lesiones leves doblemente agravadas y daños a bienes de uso público.
En las seis audiencias preliminares que se realizaron de manera virtual, las defensas plantearon primero la recusación del juez Rodolfo Fernández -que fue rechazada- y luego la nulidad de la causa, por las numerosas irregularidades que detectaron en el proceso de investigación.
Ya en la primera audiencia preliminar, el 16 de septiembre, ocurrió un hecho llamativo: no se presentó el fiscal de Estado, Sebastián Albesa, quien representa a la querella del Estado provincial. Sí se presentó en la segunda, pero el abogado defensor Mauro Tabak pidió el desestimiento de esa querella mientras que el fiscal Funes dijo que se debía considerar que el Estado había abandonado la causa.
Por su parte, Albesa afirmó, curiosamente, que con estos planteos se estaban violando las garantías constitucionales del Estado para participar en el juicio, un argumento que las defensas califican como insólito, puesto que las garantías constitucionales están dirigidas a las personas y no a instituciones.
Por otro lado, los y las abogadas que representan a los imputados consideran que la acusación de la Fiscalía es nula porque no se ajusta a la realidad ni da precisiones sobre los tiempos y lugares en los que supuestamente se cometieron los delitos, lo cual es imprescindible para que se definan con claridad los hechos que se juzgan.
Por esta y otras razones, afirman que la elevación a juicio es inadmisible.
‘Circo jurídico’
Leo Rosales, referente de Rebelión Popular, es uno de los 20 imputados en esta causa. En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), dijo que «es imposible que este juicio prospere, pero sabemos que la justicia responde a intereses y necesidades políticas del Ejecutivo provincial».
«Esto también se da en el marco de un gobierno nacional que apuesta a criminalizar la protesta social, garantizar el brutal ajuste contra los trabajadores, el desfinanciamiento de la educación pública, las políticas contra la memoria -continuó-, un paquete integral que impone el gobierno nacional y encuentra en Jujuy un claro aliado en el gobierno de Sadir en la continuidad de políticas represivas, autoritarias, y persecutorias contra los que se organizan para luchar por el derecho a la protesta».
Por su parte, Miguel Ramos, dirigente de ATD, otro de los imputados en la causa, afirmó a El Submarino Radio: «Esta veintena de jujeños salimos a la calle y no lo negamos. Con toda dignidad salimos a protestar en contra de algo que rechazó todo el pueblo».
En este sentido, recordó que estos hechos «no pasaron solamente el 20 de junio en el puente de la Legislatura, que son los hechos por los que nos están juzgando, sino que se dieron en un contexto donde por ejemplo tres días antes habían reprimido salvajemente en Purmamarca, donde algunos perdieron un ojo, con madres arrastradas de los pelos por defender a la pacha, su territorio».
Sobre las irregularidades detectadas en la acusación, Rosales mencionó que en dos casos, las fotos presentadas no corresponden a ninguno de los imputados. «A tal punto llega la ridiculez de este procesamiento», opinó.
Además, reveló que «en algunos de los testimonios de los policías que denuncian, se deja entrever que son forzados a denunciar por sus superiores», y remarcó: «No olvidemos que los policías cobraron un bono de 50 mil pesos por esa represión».
«Se presentaron pruebas graciosas», describió Ramos, y precisó que hay 18 horas de videos aportados por la querella.
Y reveló: «Por ejemplo, a mí me están inculpando por lesiones leves agravadas. Dicen que siendo las 11.33 de esa jornada, en la esquina de Gorriti y 19 de Abril, se ve al señor Miguel Ángel Ramos encendiendo un neumático que luego arroja a los policías. Yo efectivamente estuve en el lugar, pero en ningún momento se me ve arrojar un neumático contra los efectivos policiales, que además estaban como a 100 metros».
«Salvo que yo sea el Increíble Hulk andino…», ironizó.
«Las irregularidades nos hacen sentir que es todo un circo jurídico, una causa netamente política, porque los elementos aportados no fundan la acusación que pretenden hacer», señaló Rosales, y agregó: «Claramente se vio cómo los policías estaban reprimiendo con gomeras, con piedras, algunos infiltrados. Vemos un plan orquestado por el gobierno provincial junto con los jefes policiales para reprimir una protesta popular».
En tanto, Ramos describió el expediente como «un mamarracho, una muestra cabal de que en Jujuy no existe la división de poderes, no hay garantías constitucionales ni para hacer un reclamo justo».
Sobre las expectativas que despierta este proceso, el dirigente de Rebelión Popular dijo tener «pocas esperanzas en la justicia», y destacó la importancia de «que se haga visible esta opereta judicial».
«Tenemos claros indicios de que la justicia responde a las necesidades del gobierno provincial, desde el momento en que asumió Gerardo Morales en 2015, con la persecución a la Tupac Amaru, a Milagro Sala. Aquí se ha utilizado a la justicia con fines políticos y persecutorios, y hasta ahora no vemos que eso cambie», afirmó.
Para Rosales, la gestión del actual gobernador Carlos Sadir no implicó un cambio de situación. «En Jujuy se sigue con la criminalización de la protesta, la persecución a los que luchan o se oponen al gobierno», aseguró.
En el mismo sentido se expresó Miguel Ramos: «Morales dejó bien armadita esta justicia corrupta para seguir avanzando contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, a favor del saqueo de los territorios, abusando aun más de la criminalización de la protesta».
«Nosotros estamos convencidos de que no cometimos ningún delito -sentenció Rosales-. Todo esto se dio en el marco de una pueblada y un hartazgo del pueblo jujeño contra el manoseo y el autoritarismo del entonces gobernador Morales. Hoy la reforma se complementa con lo que se terminó de imponer, como el RIGI, que es la entrega de nuestros recursos naturales a multinacionales extranjeras a cambio de migajas para los políticos de turno y de hambre para el pueblo».
