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El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de San Martín dio comienzo este viernes al juicio contra el exoficial de la Policía bonaerense Luis Abelardo Patti, acusado por el homicidio del exdiputado Diego Muñiz Barreto y el intento de asesinato del secretario del legislador, Juan José Fernández, dos hechos ocurridos durante la última dictadura cívico militar.
La imputación de esos delitos había sido rechazada en 2011 durante la instrucción de la causa, lo que finalmente fue revertido, luego de distintas instancias judiciales, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los jueces integrantes del TOF, Walter Venditti, Matías Alejandro Mancini y Esteban Rodríguez Eggers, condujeron la audiencia de apertura del debate que se realizó de forma virtual, con la lectura de la síntesis de los requerimientos del Ministerio Público Fiscal y de las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.
A Patti se le imputa el “haber formado parte del engranaje del plan sistemático del Terrorismo de Estado por haber cumplido funciones desde el 4 de enero de 1972 hasta el 7 de marzo de 1977 en la Comisaría de Escobar de la Policía de la Provincia de Buenos Aires».
Según el requerimiento fiscal, el exdiputado Muñiz Barreto y el secretario Fernández fueron secuestrados y privados de su libertad en esa comisaría el 16 de febrero de 1977.
Allí estuvieron hasta el 18 de febrero, y luego fueron trasladados a otra dependencia policial en la localidad de Tigre, donde permanecieron por dos horas, esposados y desvestidos. Posteriormente fueron llevados al centro clandestino de detención Campo de Mayo, donde fueron golpeados y sometidos a simulacros de fusilamiento.
Tras dos semanas de cautiverio, el 6 de marzo fueron llevados hasta la provincia de Entre Ríos y arrojados dentro de un auto al río Paraná con la intención de fraguar un accidente, según se detalló en un comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos.
En ese lugar murió Muniz Barreto, pero Fernández logró salir del vehículo y escapar.
El excomisario bonaerense ya fue condenado en 2011 por el secuestro y los tormentos que sufrieron Muñiz Barreto y Fernández en Escobar, pero no fue juzgado por homicidio ya que había sido sobreseído por ese delito durante la instrucción de la causa.
«Luego de un largo proceso judicial, se revirtió esa decisión en la Corte Suprema de Justicia y ahora deberá responder por su responsabilidad en el asesinato», sostuvieron desde la Secretaría.
Durante la dictadura, Patti fue jefe de la Comisaría de Escobar de la Policía Bonaerense, desde donde comandaba grupos operativos de la Unidad Regional de Tigre.
En democracia, se desempeñó en varias dependencias policiales y, tras su retiro de la fuerza, se volcó a la política con «un discurso basado en la mano dura y la represión», señalaron desde la cartera encabezada por Pietragalla Corti.
También fue intendente de ese partido del norte del conurbano bonaerense entre 1995 y 2003 y luego fue electo diputado nacional en 2005, aunque su asunción fue impugnada por la gran mayoría de la Cámara por las denuncias sobre su accionar durante la dictadura.
En 2008, la justicia federal pidió su desafuero y luego quedó detenido por crímenes de lesa humanidad.
Desde ese momento fue condenado en tres juicios por graves violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado y en todos recibió la pena de prisión perpetua.
En este tramo de la causa se juzgan los delitos por los que no había llegado a ser imputado en la instrucción de la causa en 2011.
Aquella vez, Patti había recibido condena por ser responsable de la «privación ilegítima de la libertad, cometida por abuso funcional agravada por el empleo de violencia y amenazas e imposición de tormentos, agravado por ser la víctima un perseguido político», en perjuicio de las dos víctimas.
En 2014, el procurador fiscal ante la Corte Suprema, Eduardo Casal, dictaminó que correspondía juzgar a Patti por la muerte de Muñiz Barreto y la tentativa de homicidio de Fernández.
Allí concluyó que había que dejar sin efecto la sentencia de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que había rechazado el recurso fiscal interpuesto.
Finalmente, la Corte hizo lugar al pedido del Ministerio Público y de las querellas, y resolvió que sea juzgado por esos dos delitos.
