Cómo debemos luchar contra la violencia hacia la mujer

Por el Plenario de Trabajadoras – Partido Obrero (Tendencia). El aislamiento obligatorio ha desnudado con mayor profundidad la doble opresión de la mujer, las condiciones de vida de las trabajadoras, la violencia doméstica, o mejor la violencia familiar. Lo que la rutina podría haber velado se exhibe en toda su extensión.

La cuarentena cayó con fuerza sobre las espaldas de las mujeres. Tienen que hacer largas colas para conseguir alimentos y elementos de limpieza, escasos y carísimos. La compra mensual online que imaginan los funcionarios es incompatible con la miseria salarial.

La higiene exhaustiva –“sanitización”- de la casa y de la familia también es responsabilidad “femenina”. El servicio más esencial en el marco de una pandemia, la atención pública de las necesidades domésticas, a precios accesibles, no figura en el programa o ‘protocolo’ de ningún estado capitalista.

La situación de las trabajadoras de la salud es desesperante: desde antes de la pandemia, los magros salarios las obligaron a tener dos empleos o interminables horas extras. Llegan extenuadas a la crisis sanitaria, sin el entrenamiento ni las medidas de protección indispensables para enfrentarla. Las patronales privadas de la salud, cuyas ganancias son estratosféricas, desconocen las licencias. “Naturalmente” se informa que las y los profesionales y trabajadores infectados tienen doble empleo, y han llevado el virus de un centro de salud al otro.

Las mujeres que consiguieron “licencia” por tener hijos a cargo, siguen trabajando desde sus casas, porque las patronales amenazan con no pagar el sueldo a quien no lo haga -call centers, por ejemplo. La rebelión docente fue un factor decisivo para que el gobierno decidiera el aislamiento. Las docentes con o sin “licencia” tienen una carga abrumadora: elaboran las tareas, acompañan a sus alumnos, corrigen los deberes, todo esto sumado al cuidado de los hijos y los viejos. En Tierra del Fuego se ha declarado la primera huelga contra el trabajo docente virtual, debido a que el gobierno no quiere reconocer los salarios convenidos en las paritarias.

Ni la patronal privada ni el Estado se han hecho responsables de proveer computadoras, y tampoco garantizan la conectividad. Como las trabajadoras domiciliarias de los conventillos de principios del siglo XX, que ponían la máquina de coser, el aporte tecnológico corre por cuenta de las y los explotados. Los que celebran la educación a distancia y el teletrabajo soslayan que en muchas familias los adultos trabajan y los chicos hacen la tarea con la misma única computadora y, con frecuencia, con ninguna computadora, en la pantallita del celular.

Las trabajadoras de los call centers, las empleadas de comercio y sus compañeros han arrancado condiciones de seguridad (que no solo protegen al trabajador sino a quienes hacen las compras). Las patronales no solo desconocen las licencias incluidas en el DNU.

Recortaron la mitad los salarios en las cadenas de comida rápida y despedido medio millar de trabajadores el día del cobro de la quincena. Las mujeres de las barriadas que trabajan en el servicio doméstico quedaron sin salario de modo fulminante.

Según el INDEC, sobre 1.730.000 empleadas domésticas, 1.214.000 trabajan en negro. En el hacinamiento de las villas donde no solo falta alimento sino el agua para mantener mínimas condiciones de higiene, el aislamiento es un imposible. Hay que garantizar el retiro de bolsones y atender comedores y merenderos para paliar el hambre. Las patologías previas -dengue, tuberculosis, desnutrición, epoc, asma- abren un escenario aún más riesgoso.

Las mujeres, las más desocupadas, las más precarizadas, enfrentan con enorme fragilidad social la crisis sanitaria pero también la reclusión en sus hogares. El encierro potencia la violencia en la casa a niveles imposibles. Separar a la víctima de sus afectos es una de las estrategias infaltables del violento.

Un aislamiento prolongado y “legítimo” es ideal para que se desplieguen las fantasías de control total sobre la víctima. El estrés, el consumo de alcohol, las dificultades económicas son factores desencadenantes de la violencia.

La violencia familiar se descarga sobre niños y viejas, pero sobre todo sobre la compañera. Una mujer por día está siendo asesinada en lo que va de la cuarentena y las llamadas de auxilio se duplicaron o triplicaron (aunque sea una osadía llamar cuando el agresor está en casa).

En 2013 la OMS declaró a la violencia contra la mujer una pandemia silenciosa y un problema de salud pública que afecta a más de un tercio de todas las mujeres a nivel mundial. Una cada tres.

El incremento de los femicidios y las golpizas es internacional – lo advierte, en todas partes, el movimiento de mujeres. También sobre los graves efectos del corte de los servicios de ginecología y obstetricia, y la interrupción de los abortos no punibles.

En Sierra Leona, uno de los países más afectados por el ébola entre 2013 y 2016, durante el brote murieron más mujeres por complicaciones obstétricas que por la epidemia (datos de la OMS).

La respuesta del gobierno

La respuesta del gobierno -que se jacta de una elevada participación de mujeres en gabinetes y ministerios-, a la violencia contra las mujeres ha sido reforzar las líneas para pedir ayuda, extender los botones antipánico y las perimetrales, acordar con la Cámara de farmacias para que las mujeres soliciten un “barbijo rojo” a los farmacéuticos como contraseña de socorro. Que las mujeres violentadas puedan salir sin atenerse al aislamiento obligatorio. Es el mismo puchero recocido que deposita en la víctima la responsabilidad de la salida a este infierno.

El asesinato de Fátima Acevedo, que vivía en un refugio, muestra la impotencia de estas “políticas públicas contra la violencia”. No son capaces de cuidar a las víctimas y tampoco de hallar a sus asesinos: en Mar del Plata, la familia de Claudia Repetto atrapó al femicida, invisible durante casi un mes para la policía, y la respuesta ante la indignación familiar fueron las balas de goma de Berni.

En el caso de Florencia Santa Cruz, en Tigre, las cámaras callejeras que la muestran tratando de eludir al agresor, no despertaron la alerta de las fuerzas de seguridad que las controlan.

Una y otra y otra vez, por acción o por complicidad, el Estado es responsable. Las fuerzas de seguridad son ejecutoras de la violencia contra la mujer en sus propias filas. No solo por las repetidas denuncias de soldadas y policías. También porque una vez al mes algún uniformado mata con el arma reglamentaria a su cónyuge o novia. La semana pasada hubo una violación múltiple en un regimiento en Bahía Blanca.

En San Luis, Magalí Fernández fue detenida por violar la cuarentena cuando iba en su bicicleta. Tenía dos hijos y una nietita a cargo, se peleó con la policía, trató de escapar. Amaneció “suicidada” en la celda de castigo.

¿Qué hacer?

La violencia contra las mujeres es un problema político de primer orden para la clase trabajadora. Crea una grieta entre hombres y mujeres, entre los jóvenes, por la que se filtran todas las fantasías de salida, por medio de un régimen social ahistórico por encima del capitalismo -el patriarcado. Instiga al sexo contra sexo y la sororidad entre mujeres y contra los hombres al margen de cualquier pertenencia de clase.

Responsabilizar al patriarcado de todos los agravios contra las mujeres y disidencias, desde las tareas de cuidado hasta el femicidio, desde la deuda externa hasta las letras del reggaetón cumple la función de lavarle la cara al capitalismo.

No existen los gobiernos “feministas” bajo el régimen de clases porque el capitalismo no puede ir, en el mejor de los casos, más allá de la igualdad formal o derechos civiles y políticos.

La miseria creciente acentúa la doble opresión de las mujeres, en el marco privado de la familia y en el marco de la explotación social por parte de un número cada vez más concentrado de capitales.

La organización de las mujeres, la exigencia a los compañeros de que cierren filas con nosotras contra la violencia en la casa, en el trabajo, en la calle y en todos lados, es la única alternativa eficaz en un escenario de crisis total del régimen social.

Solo una perspectiva socialista, de clase, saca la violencia del antagonismo entre los sexos y la explica como un imperativo del régimen social para sostener la doble opresión y la esclavitud doméstica.

El respeto y la fraternidad entre hombres y mujeres es la condición para el desarrollo del poder político de la clase obrera. Proponemos que se discuta la violencia contra la mujer, en el trabajo y en la familia, en la agenda de las asambleas barriales, en las asambleas de fábrica, en la juventud, en las organizaciones de la cultura y en los comités que se vayan formando. La lucha contra la violencia hacia las mujeres nos enfrenta objetivamente a un régimen social incapaz de garantizar la vida de los explotados, como esta epidemia muestra brutalmente. Debe integrarse a la lucha por el derecho a la salud y contra el hambre, y estar presente en los protocolos.

Las mujeres de las barriadas tienen una añeja experiencia de intervención cuando en una de las casas se desencadena una golpiza. Hay que impregnar de contenido político a esa defensa colectiva. Las trabajadoras que viven en departamentos, en cambio, sufren violencia en la más brutal soledad. Es indispensable que las juntas internas -¡hay que dejar de perder tiempo con la ley Micaela!-, las comisiones obreras, las comisiones de género refuercen los contactos con aquellas que se sospechan en riesgo.

Hay que exigirle al gobierno que se multipliquen los refugios sa-lu-da-bles que puedan albergar a mujeres y sus hijos, a las y los viejos. En el dramático contexto de la pandemia, es tan vital como la provisión de comida o atención médica. El “subsidio” de Kiciloff para la mujer golpeada no estipula monto ni es universal, será otorgado discrecionalmente por el Ministerio de la Mujer.

Que falten hospitales, camisolines y barbijos y haya millares de desocupados es la muestra del carácter mortífero de este régimen social. Pleno empleo en las tareas de aprovisionamiento del servicio de salud y control de la crisis sanitaria con salario bajo convenio, en condiciones de seguridad.

Suspensión de tareas y cuarentena efectiva en las áreas no esenciales. Un cuarto turno y plus salarial para las y los trabajadores “esenciales”.

Todo el sistema de salud debe estar bajo control de los trabajadores y a disposición de la población sin distingos. Provisión de herramientas tecnológicas a cargo del patrón para el teletrabajo.

Garantizar los servicios del ginecología y obstetricia, cumplimiento de la Interrupción voluntaria del embarazo en el sentido más amplio.

Un salario mínimo universal igual al costo de la canasta familiar para todo el mundo va a dotar a las violentadas de una herramienta insuperable.

Formemos comisiones de mujeres y comité de trabajadores que arranquen este programa.