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Menos de una decena de personas encabezadas por el ex comisado municipal de Huacalera, el radical, Rufino Colque, protagonizaron un piquete sobre la Ruta Provincial 18 con el objetivo de impedir la realización de la Asamblea de Comunidades Originarias Libres, que se iba a realizar en Querusiyal.
En la asamblea indígena, que aún no pudo comenzar, se iba a debatir la creación de la Fiscalía Penal de Humahuaca, entre otros puntos, denunciaron que un piquete sostenido por el “Movimiento Comunitario Pluricultural” afín al gobierno de Gerardo Morales les impide llegar a destino.
Los comuneros manifestaron al mediodía que llevaban varados más de dos horas sobre la Ruta Provincial 18 que une Huacalera y el paraje de Alonso a la altura de Cuesta La Tranca, ya que cuando estaban a unos 4 km de esa localidad se encontraron con el corte de ruta. Además de Colque, estaban oficiando de piqueteros, un enfermero del paraje Molulo, Olmidio Martínez, Quintina Colque, Carmen Poclaba, miembros de las Familias, Huanco y Dávila, denunciaron los comuneros a El Submarino Jujuy Digital, entre ellos, Hortencia Colque presidenta de la Comunidad Querusiyal.
Además del tema de la fiscalía, la Asamblea iba definir temas de territorio, la Consulta Previa del convenio de la OIT 169, la servidumbre de paso y otras normativas que “el gobierno de Morales viola el derecho indígena”, señalaron los comuneros que están almorzando al costado de la ruta a la espera que la policía levante el corte.
Cabe recordar que, durante la semana, representantes de distintas comunidades indígenas, entre ellas de El Querusiyal y de La Quiaca Vieja presentaron una nota ante el Ministerio Público de Acusación dirigida al Fiscal General Sergo Lello, donde denuncian “la violación del derecho indígena mediante la Resolución MPA 1734/19, con la cual crea una especie de fiscalía penal para indígenas emulando a instituciones inquisitorias vigentes durante la colonia europea en estas tierras.”
También la asociación ANDHES, Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales, expresó en un comunicado su “profunda preocupación ante la creación de la Fiscalía Penal de Humahuaca”, ya que la Resolución 1734/19 que dispone su puesta en funcionamiento “tiene artículos cuestionables que distan notablemente de la normativa nacional e internacional vigente en relación a los derechos y garantías que asisten a los pueblos y comunidades indígenas”.
