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Las comunidades indígenas agrupadas en el Tercer Malón de la Paz, quienes mantienen más de una decena de cortes de rutas, ratificaron hoy los bloqueos por tiempo indefinido y denunciaron que “el mal accionar” del gobierno de Gerardo Morales, “está provocando grandes perjuicios a toda la provincia”.
Las expresiones del colectivo de originarios de diversos lugares de la Quebrada y Puna se conocieron tras la difusión del spot de campaña política que lanzó el gobernador y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio (JxC), Gerardo Morales.
El mandatario provincial, habló hoy en ese video sobre las sostenidas protestas en la provincia contra la reforma constitucional, en un mensaje en el cual convocó al diálogo, pero advirtió que no dará «ni medio paso para atrás”.
En ese contexto, los comuneros denunciaron, a través de un comunicado, que “el mal accionar del Gobierno está provocando grandes perjuicios a toda la provincia», y señalaron que «hasta el día de hoy, el Gobierno no se hizo responsable”, de la situación generada con la reforma de la Carta Magna.
Más adelante exigieron que “se declare la nulidad de la nueva constitución provincial”, al tiempo que volvieron a rechazar el “procedimiento por el cual se realizó» la modificación del texto y objetaron su «contenido, puesto que viola los derechos indígenas”.
En ese sentido, reclamaron que se debate un “nuevo proyecto de ley sobre la necesidad de la reforma» de la Carta Magna provincial y que respete «los marcos normativos vigentes en la Constitución Nacional» como son «la consulta previa, libre e informada, según lo establecido por Organización Internacional del Trabajo (OIT)».
Entre los pedidos se destaca el “sobreseimiento de las causas judiciales iniciadas a las personas que participaron en las distintas movilizaciones en pleno ejercicio de derecho a la protesta de forma pacífica”, y exigieron el cese de la represión, persecución y amedrentamiento de las personas que participaron de las diferentes manifestaciones”.
Asimismo, insistieron en el pedido de renuncia del gobernador, Gerardo Morales y del titular de la cartera de Seguridad local, Guillermo Corro, como también del jefe de la policía jujeña, Horacio Herbas Mejías, “quienes ejercieron violencia institucional y abuso de autoridad en los violentos operativos de represión, dejando un importante saldo de heridos de gravedad y lesionados física y psíquicamente en toda la provincia”.
“El Gobierno tiene que responsabilizarse en cubrir la correspondiente atención medica de las víctimas de la represión”, agregaron para luego solicitar un “resarcimiento a los familiares por medio de pensiones vitalicias”.
También reclamaron el desplazamiento de su cargo de la ministra provincial de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, Sonia Ochoa, “por no representar las demandas y necesidades reales de las comunidades indígenas, siendo funcionales a sus propios intereses político-partidarios”.
Además, resolvieron declarar “persona no grata” a la actual diputada nacional de JxC, Natalia Sarapura, quien se autoproclama originaria del pueblo kolla.
En otro orden reclamaron a jueces, fiscales e integrantes del poder judicial de la provincia de Jujuy y de la Nación que “tomen conciencia de la grave situación que atraviesa el pueblo jujeño y pedimos que cumplan con sus funciones y deberes de forma honrada y totalmente imparcial”.
