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Este viernes pasado, la dirigente Verónica Chávez en representación de las 38 comunidades kollas y atacamas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que abarca a las provincias de Jujuy y Salta y Jujuy, expuso su oposición al extractivismo del litio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La entidad supranacional realizó durante esa jornada la sesión 191 en su sede de Washington DC. Durante ese día, hubo audiencias públicas, donde participaron organizaciones de la sociedad civil de todo el continente.
Cuando transcurría el mediodía en la sala Rubén Darío la sesión que trató los impactos de la extracción de minerales en el contexto de transición energética a nivel regional.
Por Argentina, participaron referentes que habitan en el área tripartita del Triángulo del Litio y fue el turno de Chávez, comunera que vive en el paraje Santuario de Tres Pozos, una comunidad kolla situada muy cerca del trazado de la ruta nacional 52 en la parte que atraviesa Salinas Grandes.
«Las empresas deben hacer la consulta previa, libre e informada aplicando el protocolo Kachi Yupi, pero el consentimiento (de lograrlo) debe ser colectivo, no individual o de una familia», reclamó la comunera de Santuario de Tres Pozos ante Carlos Bernal Pulido, quien presidió la audiencia celebrada el viernes.
«Ahora la estrategia de las empresas es dividirnos», denunció en otro tramo de su intervención, ya en relación a las maniobras que desarrollaron puntualmente tres empresas. Una en el sur de la gran salina (titular del catastro minero de Mina Agonic).
Otra resquebrajó la alianza del bloque indígena salto-jujeño y logró que dos comunidades, Sauzalito y Quera, también Aguas Calientes, firmaran acuerdos en favor de la empresa Pluspetrol.
La tercera fue la petrolera Tecpetrol que apartó del grupo comunitario a una porción minoritaria de la comunidad de Rinconadillas.
Por esa serie de hechos, la mujer denunció el accionar. «Entraron a nuestra casa grande sin pedir permiso y vulneraron nuestros derechos», aseguró. Argumentó luego que «el agua no tiene frontera y por ese motivo el consentimiento debe ser colectivo».
Al final de la ronda de intervenciones y de la audiencia lamentó que estas acciones de las mineras contra «nuestra casa grande, le están sacando su sangre (por el agua), y como queremos defenderla, corremos riesgo por reclamar, porque el gobierno puede meternos presos armando causas».
La comunera aludió de esta manera a la criminalización de la protesta social que llevó adelante el gobierno jujeño, cuando bajo la gestión de Gerardo Morales, se aprobó la reforma de la Constitución Provincial. «Esto es pan para hoy y hambre para mañana, porque nosotros somos el sacrificio», finalizó.
