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Con nueve imputadas, comienza el segundo juicio por abusos en el Próvolo de Mendoza

El segundo juicio por los abusos a niños hipoacúsicos en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza, que tiene como imputadas a dos monjas, exdirectivas y exempleadas del establecimiento, comienza este lunes de manera semipresencial.

En el proceso anterior, finalizado en noviembre del 2019, el sacerdote Horacio Hugo Corbacho fue condenado a 45 años de prisión; el cura italiano Nicola Corradi (83) a 42 años y el exempleado Armando Gómez, a 18 .

Este nuevo juicio unifica tres causas y son nueve las personas imputadas en delitos que van desde el abuso sexual agravado y corrupción de menores a la participación por omisión.

La monja japonesa Kumiko Kosaka (46), acusada por los delitos de abuso sexual agravado, corrupción de menores y partícipe primaria por omisión, es la única imputada que llega al juicio con prisión preventiva domiciliaria, mientras que el resto están en libertad.

Completan la nómina de imputadas la monja Asunción Martínez (53), la representante legal Graciela Pascual (65), las exdirectoras Gladys Pinacca (66), Valeska Quintana (48), Cristina Leguiza (50) y Laura Gaetán (60), la psicóloga Cecilia Raffo (43) y la cocinera Noemí Paz (63), acusadas como partícipes necesarias o secundarias por omisión.

«Va a ser un proceso largo y difícil para las víctimas: tener que volver a declarar en muchos casos y revivir su dolor. Entendemos que las pruebas son suficientes para llegar a una condena al final del debate y nuevamente, como sucedió en el primer juicio, esta condena sea histórica y reparadora para ellos y ellas», explicó Lucas Lecour, uno de los abogados querellantes y presidente de la organización de Derechos Humanos Xumek.

El abogado querellante Sergio Salinas indicó a Télam que «se ventilará la responsabilidad de la gente a cargo, las directivas, las monjas, la cocinera y la psicóloga, quienes conociendo de los abusos, sistemáticamente lo ocultaban».

«La prueba es abrumadora porque no solo hay testimonios que establecen la veracidad de los delitos denunciados por peritos oficiales y de parte, sino también muestran el perfil psicológico de las imputadas y la prueba objetiva que son documentaciones como libros y material que utilizaban para cometer los abusos sexuales y ocultarlos», afirmó.

Entre ellos, «hay elementos secuestrados como cadenas, pastillas anticonceptivas, ropa interior con semen y los pañales que usaban las monjas para encubrir los abusos sexuales a niños y niñas cuando eran muy pequeñas», dijo el querellante.

Esto, explicó Salinas, «demuestra un correlato de lo que allí sucedía, sobre todo las denuncias penales que ya para el 2006, 2007 y 2008 demostraban los indicadores de hipersexualidad y comportamientos agresivos que tenían las víctimas en aquel entonces».

En las audiencias de este juicio solo podrán estar presentes 25 personas dentro de la sala 4 del fuero penal colegiado, debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus.

Según detallaron desde el Poder Judicial, en este juicio deberán producirse 52 cámaras Gesell. Posteriormente el tribunal evaluará si llamará a declarar a la sala a alguna de esas víctimas.

En un primer momento se fijaron audiencias de debate hasta octubre, aunque no se descarta que el juicio pueda extenderse

Desde Xumek sostienen que «el juicio a las mujeres imputadas busca arrojar luz y justicia a una red escabrosa de complicidad y silencio» y destacan que «la vulneración a los sobrevivientes del Próvolo y sus familias continúa hasta hoy, dadas las dilaciones y ocultamientos que sostiene la Iglesia e involucra incluso al Vaticano».

En el primer juicio, el cura Nicola Corradi recibió una pena de 42 años de prisión

Los abusos en el Próvolo, cuya denuncia y condena fueron noticia y ejemplo de justicia a nivel mundial, se conocieron en 2016 cuando se escuchó por primera vez a Luis Batistelli, profesor de Lengua de Señas, quien, ayudado por un intérprete de señas, contó en la Legislatura de Mendoza los hechos aberrantes que ocurrían en la institución religiosa.

Fue un 18 de noviembre de 2016, en medio de una charla sobre los Derechos del Niño en la Legislatura de Mendoza, cuando una senadora tomó coraje y llevó la denuncia a la justicia. El caso rápidamente escaló a una megacausa, con más de 20 denuncias por hechos de violencia física, psicológica y sexual por parte de sacerdotes, monjas y personal administrativo del Instituto, perpetuados de manera sistemática contra niñas, niños y adolescentes sordos o hipoacúsicos que asistieron al establecimiento entre 2005 y 2016.

Las condenas contra los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho fueron históricas porque recibieron las penas más altas impuestas a integrantes de la Iglesia Católica. La Corte Suprema de Justicia de Mendoza ratificó en septiembre las condenas a 45 y 42 años de prisión para Horacio Corbacho y Nicola Corradi, y al ex empleado Armando Gómez, quien recibió 18 años.

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