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Los concejales humahuaqueños Daniel Ábalos, Jordán Zerpa y Roque Tarcaya desmintieron que hayan sido «privados de su libertad» en la noche del 30 de junio por los manifestantes que se expresaban fuera del edificio comunal, tal como se afirmó en la acusación por la cual tres personas fueron detenidas y otras 19 están con pedido de detención.
«No somos víctimas en los hechos que se investigan ni hemos sido denunciantes en esta causa», afirman los ediles de Humahuaca. Es que en la orden librada por el juez Rodolfo Fernández se acusa a 22 personas de los delitos de sedición, resistencia a la autoridad, daño agravado a bienes de uso público y privación ilegítima de la libertad.
Este último, porque según el Ministerio Público de la Acusación, los acusados “utilizaron la violencia para realizar la sexta sesión especial del Concejo Deliberante humahuaqueño, integrado por la titular del cuerpo, Noelia Quispe, Alejandro Escobar, Federico Zamboni, Roque Tarcaya, Jordán Zerpa y Daniel Ábalos».
Esa noche, el Concejo Deliberante de Humahuaca trató y aprobó una declaración de rechazo a la reforma de la Constitución Provincial, mientras un grupo de pobladores se manifestaban en la puerta en apoyo de esa medida. Sobre el final de la sesión, la policía se apostó para permitir que los concejales salieran del edificio sin sufrir agresiones. Por la represión desplegada minutos después, con gases lacrimógenos y balas de goma, Joel Rodrigo Paredes, de 28 años, recibió un disparo policial y perdió el ojo derecho. Al menos otras cuatro personas resultaron heridas y debieron recibir asistencia médica.
Este miércoles fueron detenidos Franco Zamboni, Rolando Tapia y Renzo Laguna, quienes se presentaron en forma espontánea en la comisaría Nº15 y fueron trasladados luego al penal de Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy.
«No hemos sido privados de nuestra libertad mientras sesionábamos» el 30 de junio, afirman Tarcaya, Zerpa y Ábalos, y aclaran: «De hecho, antes de ello habíamos presentado proyectos en igual sentido el día anterior».
En el mismo sentido, agregan: «No hemos sufrido ataques en nuestra voluntad que de algún modo determine nuestras conductas».
Los concejales señalan en el comunicado que en cambio sí presenciaron «un efusivo y masivo reclamo de ciudadanos/as en contra de la reforma parcial de la Constitución provincial», y que «ese reclamo no se limitó a aquellos que hicieron saber su posición en ocasión de aquella sesión del día 30 de junio, sino que es lo que mayoritariamente ocurre en la población».
Para los ediles, las detenciones ordenadas constituyen una «gravísima situación».
Sobre las personas acusadas, dicen que se trata de «personas conocidas, con indiscutido arraigo en la localidad, donde trabajan, tienen familia y vínculos de mucho tiempo, como así también los allanamientos dispuestos de domicilios de familias humahuaqueñas o residentes en nuestra localidad».
Frente a esto, le piden al ayudante de fiscal Fernando Alancay «que se restituya la libertad a los detenidos, el cese de las detenciones y allanamientos, la persecución y represalia y todo otro acto que atente contra la dignidad y los derechos de las personas o de un Pueblo».
Y advierten: «Hacemos responsable a su persona, al juez actuante y al gobernador por los atropellos que se encuentran cometiendo y por los hechos que como respuesta puedan producirse en la población».
En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), el concejal Daniel Ábalos confirmó que su nombre, junto con el de Jordán y Carcalla, fueron incluidos en el expediente sin su consentimiento. «Yo no he hecho ninguna acción de denuncia ni exposición en contra de nadie. Los denunciantes son 16 agentes policiales y la concejal Noelia Quispe. El resto de los concejales no figuran como denunciantes en esta causa», aseguró.
«Ayer me apersoné en la unidad policial y ante la fiscalía de la localidad, dependiente del MPA, junto con el concejal Carcalla. Estuvimos desde las 16 hasta las 23 horas y el fiscal no se presentó para informarnos, sabiendo que estábamos pendientes de esto para tomar conocimiento pleno de por qué y de qué manera figurábamos en ese expediente», relató Ábalos.
Sobre el modo en que se llevaron adelante las tres detenciones, el concejal cuestionó que «están haciendo uso del hecho de no estar informado, de la buena voluntad de los ciudadanos, porque les dijeron te tenés que presentar y como todo ciudadano que nada cometió, se presentaron y quedaron detenidos directamente».
«Es increíble. No puedo creer que estemos ante estas situaciones», analizó.
Respecto de los hechos de la noche del 30 de junio, comentó: «Se acusa a esta gente de sedición pero yo en ningún momento vi manifestantes con armas de fuego. La gente hacía un reclamo, un poco efusivo, sí; masivo, pero un reclamo».
En esa sesión, entre otras, se aprobó la declaración de persona no grata a la diputada Victoria Luna Murillo y a Laura Aldapi, asesora legal del municipio, «porque actuaron como constituyentes», explicó Ábalos. También se emitió una declaración sobre los hechos represivos del 17 de junio en Purmamarca y del 20 de junio en San Salvador de Jujuy.
«Esos instrumentos salieron con la manifestación de la gente, y en ningún momento hubo violencia», afirmó el concejal.
El comunicado
