Condenan al expolicía federal Mario Sandoval a 15 de prisión por delitos de lesa humanidad

El exintegrante de la Policía Federal Mario «Churrasco» Sandoval fue condenado este miércoles a 15 años de prisión por el delito de «prohibición ilegítima de la libertad, agravada por su condición de funcionario público» en el juicio de lesa humanidad que se le sigue por el secuestro y la desaparición del estudiante de arquitectura y militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), Hernán Abriata, durante la última dictadura cívico militar.

«De conformidad con lo previsto, el Tribunal resuelve declarar que los hechos objetos de este proceso constituyen crímenes de lesa humanidad. Resuelve condenar a Mario Alfredo Sandoval a 15 años de prisión e inhabilitación absoluta por ser considerado autor penalmente responsable de los delitos de prohibición ilegítima de la libertad, agravada por su condición de funcionario público y por la imposición de tormentos en perjuicio de un perseguido político», expuso el Tribunal Federal Número 5 al leer veredicto.

Antes de conocerse la sentencia, Sandoval, reiteró su inocencia y aseguró sentirse «agraviado» en su «honor y buena fe», al expresar sus últimas palabras en el juicio de lesa humanidad que se le sigue por el secuestro y la desaparición del estudiante de arquitectura y militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), Hernán Abriata, visto con vida por última vez en el centro clandestino de detención ilegal que funcionó en la Esma durante la última dictadura cívico militar.

«Siempre dije la verdad jurídica, actué de buena fe. Repito que lamento y me solidarizo con el dolor de la familia Abriata, pero que no soy ni el comisario ni el inspector que fue a la casa y detuvo a esa persona», afirmó Sandoval ante los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) Número 5, integrado por los jueces Fernando Canero, Adriana Palliotti y Daniel Obligado, quienes tras escuchar las palabras del expolicía pasaron a cuarto intermedio para dar a conocer luego el veredicto en este proceso oral y público.

El imputado habló por medio de una teleconferencia desde la Unidad Penitenciaria número 34 del complejo carcelario de Ezeiza, desde donde se mostró con guantes y un barbijo que le tapaba parte de su rostro como protección ante el coronavirus.

El expolicía, acusado de haber integrado el grupo de tareas 3.3.2 que operó desde la Esma insistió en que durante las audiencias, el MPF y las querellas recurrieron a «el arma política y la reivindicación de los agravios».

El acusado había solicitado por escrito extender sus últimas palabras durante un período de tiempo de una hora y media, algo que fue rechazado por los magistrados que integran el TOF 5, que le asignaron quince minutos para expresarse.

«Soy completamente ajeno al caso de Abriata y no hay ningún pacto de silencio que tenga que mantener. Pese a eso, el MPF sabiendo que estaba guiado por pistas falsas, y con las erráticas declaraciones de los testigos, construyó sus propias hipótesis. Así se cometieron acciones ilegales. Todo hecho probatorio lo llenó con culpabilidad», consideró el detenido.

Sandoval también deploró haber sido tratado de «cobarde, genocida, y verdugo durante los alegatos de la acusación, al considerar que se tratan de «palabras muy fuertes».

«Se debe comprender que en Argentina no vivimos un genocidio. Cobarde sería atacar a una persona en situación de vulnerabilidad. Fui tratado como ‘el enmascarado por el barbijo’, calificativo que indica que trato de ocultar algo vinculado a la ilegalidad pero mis fotos están en todos los medios. Siempre fui una persona pública. Tuve dos veces la Covid-19 y debo protegerme de forma permanente en esta unidad», apuntó.

En tanto, frente a las declaraciones del detenido, el presidente del Tribunal solicitó en dos oportunidades que se hiciera silencio entre los familiares y víctimas que estaban presentes.

Las querellas y la fiscalía solicitaron condenas que de 20 años a prisión perpetua para Sandoval, en esta causa en la cual se lo acusó del secuestro y la desaparición de Abriata, ocurrida en un operativo realizado el 30 de octubre en 1976.

Adrián Krmpotic, abogado de la querella que siguen en este proceso Patricia Walsh (hija del escritor y periodista Rodolfo Walsh) y el sobreviviente de la Esma Carlos Lordkipanidse, pidió que a Sandoval «se lo condene como coautor del delito de genocidio».

El letrado aseguró que «existen varios aspectos respecto a la materialidad de los hechos investigados que han sido acreditados».

En tanto, las otras dos querellas representadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y la Secretaría de Derechos Humanos solicitaron 21 años y 20 años de condena, respectivamente.

Tras la dictadura militar, Sandoval se radicó en Francia, donde obtuvo la ciudadanía y realizó cursos que le permitieron convertirse en asesor en seguridad. Cuando se reanudaron los juicios de lesa humanidad, la familia Abriata pidió en el marco de la instrucción de la Megacausa ESMA la extradición, trámite que se logró en 2019 tras un largo proceso legal.

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