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El sector docente de la provincia se encuentra en estado de alerta ante la implementación de un instructivo del Ministerio de Educación que, según afirman, vulnera las garantías laborales fundamentales de los educadores. Miembros de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) expusieron que el actual mecanismo de actuación del área educativa deriva en el apartamiento inmediato de los maestros ante cualquier denuncia de tutores, impidiendo el derecho de defensa previo.
La polémica se encendió tras registrarse un caso testigo en una institución escolar de la localidad de Monterrico, el cual visibilizó las severas consecuencias administrativas y económicas que sufren los trabajadores de la educación antes de que se dicte una resolución formal sobre los hechos denunciados.
Aislamiento laboral y drástica reducción salarial
El cuestionamiento principal radica en que el procedimiento oficial saltea los canales habituales de mediación y diálogo en los establecimientos. Ante el reclamo de un padre, las autoridades ministeriales proceden a retirar al docente del aula de forma preventiva y lo reasignan a cumplir el horario administrativo en las dependencias de las sedes regionales, un trámite que suele demorarse hasta un año. En la Región V ya se contabilizan al menos cinco educadores bajo este esquema de disponibilidad.
Este traslado preventivo impacta de manera directa en los haberes mensuales del personal afectado. Al perder la presencialidad en los establecimientos, los maestros dejan de percibir sumas fijas esenciales dentro de su liquidación, tales como el Incentivo Docente, el adicional por Quinta Hora y el concepto por Frente a Alumno, lo que reduce sustancialmente sus ingresos mensuales mientras aguardan el avance del sumario.
Consecuencias pedagógicas en los establecimientos
La aplicación de esta normativa genera además complicaciones en el dictado normal de las asignaturas. El gremio advirtió que la remoción inmediata deja a los cursos sin su docente titular y que el nombramiento de un reemplazante suele trabarse burocráticamente por meses. Como consecuencia de este vacío, los estudiantes terminan asistiendo a jornadas incompletas o quedando transitoriamente al cuidado del personal de secretaría de los planteles.
Referentes de la entidad sindical señalaron que los trabajadores se enteran de las actuaciones en el momento exacto en que se les comunica el desplazamiento, omitiendo la instancia jerárquica inicial de la dirección escolar. Esta falta de aviso previo y la indefensión ante los expedientes administrativos provocaron descompensaciones y cuadros de estrés en los educadores afectados.
