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Lo que el Ejecutivo intentó mostrar como un «golpe de autoridad» terminó siendo una detención relámpago. El oficial de la Policía de la Provincia, que había sido arrestado el martes por la tarde tras los incidentes en Casa de Gobierno, fue liberado en la madrugada de hoy.
La denuncia del Ejecutivo ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) buscó responsables por el derribo del enrejado y la quema de cubiertas en la calle Sarmiento, pero la justicia no encontró motivos para mantenerlo tras las rejas. La movida, lejos de amedrentar, parece haber echado más nafta al fuego en una fuerza que se siente maltratada.
Privilegios para pocos, migajas para el resto
El origen de la furia policial sigue intacto. El intento de otorgar aumentos del 70% para la Plana Mayor y un 35% para las custodias del Gobernador y Vice (Resoluciones 77 y 78) rompió cualquier tregua. Aunque el Gobierno dio marcha atrás presionado por la calle, los efectivos no aceptan parches: el reclamo es un 50% de aumento al básico para toda la escala.
Un Gobierno que etiqueta y una base que no negocia con «enlaces»
Mientras el oficialismo insiste con comunicados sobre la «paz social» y tilda de «minúsculo grupo sectario» a quienes protestan, la realidad en las comisarías es otra. El personal en actividad ya le soltó la mano a los intermediarios retirados y exige respuestas directas de los ministros Pulleiro (Seguridad) y Cardozo (Hacienda).
Con el oficial ya en la calle y la oferta salarial estancada, el conflicto entra en una zona de máxima tensión donde las etiquetas oficiales ya no alcanzan para tapar el malestar.
