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Contrabando a Bolivia: Documentación involucra a Bullrich y Aguad

Tras la ampliación de denuncia del gobierno nacional, el juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart tiene en su poder documentos oficiales que acreditarían la supuesta maniobra de contrabando ilegal de armamento a Bolivia en 2019.

Los elementos aportados en la ampliación de denuncia, sería clave es el manifiesto de vuelo del Hércules C-130 donde se transportó a los gendarmes y el material bélico.

El mismo partió desde Buenos Aires durante la noche del 12 de noviembre de 2019 y aterrizó en Bolivia en la madrugada del 13.

Ese documento, aportado por el Ministerio de Defensa, especifica que a bordo del Hércules iban los pertrechos habituales con los que se manejan los Alacranes, pero nada decía de las 70 mil municiones adicionales que se agregaron, sin incorporarse al manifiesto.

Una nota del mismo 12 de noviembre firmada por el entonces jefe de las fuerzas especiales «Alacrán», el comandante mayor Fabián Salas, y dirigida al comandante de adiestramiento y alistamiento de la Fuerza Aérea Argentina, confirma que se habrían incorporado al vuelo las municiones y gases que «son utilizados habitualmente por Gendarmería Nacional Argentina para las operaciones ante casos de alteración del orden público».

Esa nota en la que se indica que, por fuera del manifiesto de carga, se incluirían en el vuelo las 70 municiones antitumulto, 100 spray de Gas Lacrimójeno y casi 600 granadas de gas dejaría en situación comprometida a los exministros Oscar Aguad (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad).

El ministro de Defensa Agustín Rossi señaló que fue aportada a la justicia «toda la documentación del vuelo Hércules C-130 y las comunicaciones que existen de la Misión Naval de Argentina en Bolivia».

«Allí se confirma que las armas enviadas fueron hechas en Fabricaciones Militares para la Gendarmería Nacional. Esto confirma que hubo contrabando agravado», señaló Rossi al hablar con Radio el Destape y confirmó además que hubo «un pedido verbal» de su antecesor, Aguad, para que se cargara el material represivo en el Hércules C-130.

«Se pidió la custodia y se embarcaron en el mismo Hércules los 70.000 cartuchos antidisturbios y las granadas. Una parte fue a la Fuerza Aérea Boliviana y otra a la Policía Boliviana», reveló el ministro.

El Gobierno nacional avanza además en la reconstrucción, a través de investigaciones internas, del recorrido completo que habrían seguido los elementos represivos que, según fuera denunciado, el gobierno de Mauricio Macri puso a disposición de las fuerzas de seguridad bolivianas que enfrentaron las protestas sociales desatadas tras el golpe de estado al gobierno de Evo Morales.

Una nota fechada el 17 de noviembre de 2019 indica que el comandante de Gendarmería Hector Caliba informó al entonces director nacional de la Gendarmería, Gerardo Otero, sobre una reunión realizada ese día en donde «el tema a tratar fue la posibilidad de colaborar cada institución con la provisión de agentes químicos contra disturbios, en razón que se les está acabando su stock», según surge de la denuncia.

«El nivel de documentación encontrado en todos los organismos permite reconstruir que el arsenal, en vez de ir a Bolivia a custodiar a la Embajada -argentina- fue a manos de las fuerzas que derrocaron a Morales», afirmó el ministro de Justicia Martín Soria en un reportaje que concedió a una radio porteña.

«El contrabando es claro. El arsenal se sacó de manera burda y torpe y se usó en la represión en Bolivia. Días después que salió el armamento, hubo dos masacres. Enviaron armas y municiones para garantizar una asonada en un país hermano», enfatizó.

Por su parte, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, sostuvo en declaraciones a Radio10 que «lo que pasó es de una gravedad mayúscula» y aseguró que «el delito de contrabando está probado, y el engaño a las autoridades de control partió desde las máximas autoridades del país».

«Se halló documentación que viene a demoler las excusas de las autoridades políticas (del gobierno de Cambiemos) de que el material se había consumido en entrenamiento de los gendarmes. Con el golpe ya consumado hubo un pedido de municiones a la Argentina y eso lo informa un gendarme desde Bolivia, y Bullrich y Macri toman la decisión de asistirlos de manera ilegal», afirmó Mena.

El rol de la Dirección General de Aduanas

En tanto, la Dirección General de Aduanas (DGA) que depende de la AFIP se constituyó este jueves como querellante en la causa donde se investiga el posible delito de contrabando agravado en el envío de armamento y material controlado a Bolivia, que lleva a delante el juez López Biscayart y en la que interviene el fiscal Claudio Navas Rial.

«La decisión de la DGA que encabeza Silvia Traverso sumará la expedirse del servicio aduanero al trabajo que realizan el juzgado y la fiscalía a partir de la denuncia presentada por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; el ministro de Justicia, Martín Soria; y Mercedes Marcó del Pont», se informó a través de un comunicado.

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