Organizaciones sociales, vecinales y sectores religiosos convocan a un banderazo frente la Legislatura provincial en apoyo del proyecto de ley que busca resolver la crisis habitacional que golpea a los sectores barrios populares.
Este martes, las calles adyacentes a la Legislatura de Jujuy serán el escenario de una movilización social clave. Bajo la consigna de visibilizar la crisis habitacional que golpea a la provincia, el Foro Provincial por el Hábitat Digno, en conjunto con la Mesa Nacional de Barrios Populares, convocó a un «banderazo» a partir de las 9 de la mañana.
La iniciativa busca presionar de forma pacífica para abrir el debate parlamentario sobre el proyecto de Ley de Hábitat Digno y garantizar el financiamiento de la obra pública en las zonas más postergadas.
Juan Ángelo, uno de los referentes que impulsa la medida, explicó en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) el trasfondo de este reclamo colectivo, remarcando que no se trata de una disputa de bloques, sino de una necesidad estructural.
«Es una convocatoria para que nuestros legisladores puedan reflexionar sobre la urgencia habitacional que está atravesando la provincia y sobre las políticas de Estado que hay que tomar para los próximos diez o veinte años en Jujuy», señaló de manera tajante.
El banderazo representa una continuidad y profundización de las acciones del Foro, que en sus recientes asambleas generales resolvió abandonar la postura de espera pasiva para adoptar un rol de exigencia directa frente al Poder Ejecutivo, solicitando audiencias formales con ministerios provinciales y municipios ante lo que consideran un abandono de la política social de vivienda.
La postpandemia y el laberinto de los alquileres
La problemática del acceso a la tierra y a una vivienda adecuada no es nueva en la región, pero los indicadores se agravaron significativamente en el último tiempo.
Según analizan desde los sectores convocantes, el escenario posterior a la crisis sanitaria del COVID-19 dejó al descubierto las profundas asimetrías sociales de la provincia, caracterizadas por el hacinamiento crónico, la precariedad de las infraestructuras básicas y la desregulación del mercado inmobiliario local.
«Después de la pandemia se puso en evidencia el hacinamiento en el que viven muchas personas, la precariedad de la vivienda, el alquiler y lo frustrante que es no poder llegar a cubrir esos gastos», describió Ángelo, graficando la realidad de miles de familias jujeñas cuyo poder adquisitivo quedó fuertemente rezagado.
Desde el espacio advierten que el hacinamiento ya constituye un problema crítico de salud pública y no meramente un indicador social.
A esto se suma que la crisis habitacional empezó a golpear con fuerza incluso a sectores profesionales y de ingresos medios que, aun con salarios que superan el millón de pesos, se ven completamente imposibilitados de calificar para los planes tradicionales del Instituto de Vivienda de Jujuy (IVUJ) o de afrontar los costos exorbitantes del mercado informal.
El dirigente advirtió sobre la «incertidumbre constante» de quienes sufren aumentos desproporcionados —acentuados por las recientes subas en las tarifas del servicio de energía eléctrica— conviviendo con el temor diario a perder el empleo y quedar en la calle por no poder destinar más del 50% de sus ingresos al alquiler.
Tierras fiscales, especulación y quita de lotes
Uno de los ejes más conflictivos que fundamentan la movilización es el destino de la tierra pública en la provincia.
Desde el Foro vienen denunciando una preocupante falta de transparencia en la gestión de los inmuebles del Estado. Según los relevamientos de las organizaciones, numerosos terrenos fiscales ubicados sobre la Ruta 9, originalmente reservados para proyectos de urbanización y contención social, terminaron bajo dominio de inmobiliarias privadas para desarrollos urbanísticos orientados a la especulación financiera.
A este panorama se suman las denuncias provenientes de concejales de distintas localidades del interior jujeño, quienes alertaron sobre una avanzada oficial para quitarle terrenos a familias de bajos recursos.
«La única política habitacional que parecen tener es quitar terrenos. Si tenés construido a medias porque no hay plata, te dan un tiempo para sacar tus bloques y el terreno pasa a un nuevo dueño, sin ver el fondo del problema económico», habían advertido desde la coordinación del Foro en encuentros previos.
Asimismo, remarcan que existen decenas de barrios consolidados desde hace más de veinte años que aún figuran en los planos municipales como «espacios verdes», impidiendo cualquier intento de regularización dominial.
Un proyecto frenado
A pesar de que la iniciativa parlamentaria fue ingresada formalmente hace semanas, su tratamiento se encuentra virtualmente paralizado en las comisiones de la Legislatura. Desde las organizaciones atribuyen esta demora a una falta de priorización en la agenda pública provincial.
Ante la consulta de por qué el texto aún no llega al recinto, Ángelo comentó: «Entiendo que es una iniciativa que se propuso y que hay diferentes bloques que están evaluando, inclusive redactando proyectos parecidos. Estamos en un contexto donde no sé si es el mundial, la economía o qué, pero frente a las subas de servicios está costando ponerlo en la agenda».
Para romper esa inercia, la propuesta cosechó un arco de alianzas que trasciende las fronteras partidarias tradicionales. Militantes sociales, agrupaciones de base, los bloques Justicialista y de Izquierda, e incluso representantes de la Iglesia local confluyeron en la necesidad de dar un debate impostergable. Además del marco normativo, los equipos técnicos de arquitectos y abogados del Foro diseñaron el modelo de ordenamiento territorial denominado «Semilla Urbana», una propuesta concreta que demuestra que la ciudadanía no exige que se le regale nada, sino canales viables para pagar por sus lotes y servicios de forma justa.
El reclamo por obra pública
El reclamo de este martes no solo apunta a las normativas de fondo, sino a la reactivación urgente de la obra pública en los denominados asentamientos y barrios populares.
Los organizadores exigen un freno a los gastos en infraestructura netamente cosmética o en actos oficiales desprovistos de soluciones reales, para priorizar servicios esenciales como redes de luz, gas natural y agua potable.
«Basta de hacer puentes, basta de hacer actos que no dicen nada. Salgamos a la calle para que todos tengamos una vivienda y un buen porvenir. Todos queremos un rancho digno para vivir y queremos más obra pública en los barrios más postergados», concluyó Ángelo, invitando a la ciudadanía a sumarse con banderas, carteles o camisetas argentinas para conformar «un mismo equipo» detrás de este derecho fundamental.
