Convocan a una gran marcha universitaria en rechazo de los recortes presupuestarios

Las entidades gremiales de las universidades nacionales reafirmaron la medida de fuerza por el no inicio de las actividades en el segundo cuatrimestre, y convocan a una gran marcha universitaria para el 6 de agosto. En esta oportunidad, los rectores podrían sumarse a la medida cerrando las casas de estudio, por los problemas presupuestarios que enfrentan por decisión del gobierno nacional.

En la convocatoria, que está dirigida a docentes, estudiantes y no docentes, se expresa «el hartazgo y la bronca» ante el magro 5 por ciento de aumento salarial ofrecido por el gobierno a los trabajadores universitarios y se exige el llamado a paritarias y un 30 por ciento de recomposición.

Se rechaza además «el ajuste presupuestario que se pretende implementar». Sobre este tema, la Conadu H difundió un documento en el que detalla la situación que atraviesan todas las universidades nacionales, no solo por el retraso en el envío de las partidas presupuestarias ya aprobadas sino por lo que definen como un «rumbo de ajuste y destrucción de la universidad».

 

El documento de la Conadu H

El plan de lucha votado en el Congreso de Conadu H el 6 de julio -que coordina con la Conadu un cese total de actividades a partir del 6 de agosto- se desarrollará en un contexto extremadamente problemático para las UUNN. No sólo porque la devaluación y la inflación se han devorado más del 25% del salario en el último mes, sino porque la política de ataque al sistema Científico Tecnológico en general y a las Universidades Nacionales en particular hace que la demanda salarial sea un item más, en la lucha por la defensa de nuestras universidades.

Baste para fundamentar esta afirmación, resumir las novedades de los últimos meses:

1. Subejecución de 3000 millones del presupuesto universitario ya votado por el Congeso para el año 2018 y la consiguiente desfinanciación de las construcciones planificadas para este año.
2. La suspensión del envío del financiamiento para las construcciones ya aprobadas. Esta situación resulta muy grave en la UNJu, ya que paraliza las obras indispensables como son los aularios y el comedor universitario.
3. La suspensión de las remesas para gastos de funcionamiento desde el mes de marzo. Esto quiere decir que el Ministerio de Educación sólo está girando los fondos afectados al pago de salarios y nada más, obligando a las Universidades a aplicar dinero recibido para diferentes rubros, para su gastos corrientes. Esta demora es grave, teniendo en cuenta la acelerada devaluación e impide particularmente las compras de tecnología e insumos en el exterior. Frente a los reclamos del CIN, «las autoridades nacionales se comprometieron a realizar los esfuerzos necesarios para reducir los atrasos en las transferencias de fondos para atender los gastos de funcionamiento, así como a ejecutar el presupuesto 2018 y garantizar los fondos para el normal funcionamiento de las universidades nacionales en el presupuesto 2019».
4. Presión para que los rectores firmen el «plan de dotación óptima de funcionamiento» del Ministerio de Modernización que está dejando a miles de trabajadores del Estado sintrabajo. «En este momento se estaría implementando una prueba piloto en cinco universidades, entre ellas las de La Matanza, del Centro, de Río Negro y del Litoral». Pero hay informaciones de que ya se habrían comprometido un gran número de autoridades.
5. Supresión mediante decreto de los «convenios de asistencia técnica» por la cual las Universidades eran privilegiadas como prestadoras de servicio al estado, produciendo una reducción importante en los presupuestos de las universidades, a la vez que una privatización de servicios.

Estas medidas, junto con la negativa a atender los reclamos docentes –cuyo deterioro salarial ya ha llevado los sueldos por debajo de la línea de indigencia- acelera las condiciones de una crisis del sistema que ponen en riesgo el inicio del cuatrimestre y exigen de toda la comunidad una respuesta contundente. Incluso «Ahora, los rectores de las universidades se sumarían al reclamo y se cerrarían las puertas de las universidades en todo el país. Los titulares de las universidades adoptarían esta inédita medida debido a la sub ejecución presupuestaria que afecta al sector, al durísimo ajuste que se viene a partir de la firma del decreto 632/2018 en el que el gobierno avanza sobre un “ahorro” de unos 20 mil millones de pesos».

Resulta indispensable organizarnos, coordinar con los estudiantes y garantizar una medida que permita torcer este rumbo de ajuste y destrucción de la Universidad. Proponemos la resolución de una asamblea interclaustros por facultad y la resolución de medidas efectivas de movilización y difusión de la situación de las universidades.