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La crisis política e institucional en La Quiaca tomó un giro determinante tras la intervención del Poder Judicial. La jueza de la Suprema Corte de Justicia, María Eugenia Nieva, hizo lugar a una medida cautelar por “conflicto de poderes” y ordenó al Concejo Deliberante que incorpore de manera inmediata a Marcela Silvana López a su banca.
El origen del conflicto
El escándalo estalló en diciembre de 2025, cuando el Deliberante, alineado con el intendente Dante Velázquez, impidió que López y su compañero de lista, Gustavo Farfán, prestaran juramento.
El argumento utilizado fue una supuesta “inhabilidad moral” basada en acusaciones de acumulación de cargos y denuncias penales que, según la edil electa, fueron “armadas” para evitar el control opositor.
Específicamente, se le recriminaba haber percibido dos remuneraciones simultáneas como secretaria parlamentaria y empleada municipal a fines de 2023. Sin embargo, la Justicia determinó que se acreditó su calidad de concejal electa y que su suspensión fue arbitraria, señalando además que se violó su derecho de defensa al no haber sido notificada debidamente de sumarios administrativos.
López denunció que se intentó bloquear su asunción mediante denuncias pese a que ella presentó un documento del MPA donde se desestiman todas las causas por falta de sustento.
Por otro lado, relató que el día de la asunción el Concejo estuvo custodiado por la policía y no le permitieron entregar la documentación que acreditaba su situación legal.
Ante esta situación, la concejal electa presentó una medida cautelar ante la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, que finalmente obtuvo una resolución favorable.
En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), López afirmó: «Podemos decir que por primera vez hubo justicia», aunque aclaró que «todavía no se resolvió la cuestión de fondo».
La concejala electa reveló que antes del 10 de diciembre pasado, cuando debían asumir los nuevos ediles, ya habían recibido advertencias: «La gente nos decía ‘ustedes no van a entrar’. Nosotros preguntábamos ‘¿Quién lo dice?’, y nos contestaban ‘lo dice el intendente Dante Velázquez'».
Contralor y transparencia
López, quien resultó electa por el partido municipal Movimiento Único Independiente (MUI) con 3.500 votos, sostiene que el bloqueo responde a una maniobra política del oficialismo.
“Vinimos a controlar y no nos pueden comprar”, afirmó la concejal, subrayando la urgencia de revisar el manejo de fondos públicos en proyectos como la Zona Franca, la Casa de la Cultura y la fiesta por el aniversario de la ciudad.
También denuncian la reciente aprobación de leyes impositivas “entre gallos y medianoche” sin conocimiento de la población.
Consecuencias legales y plazo límite
El fallo judicial es taxativo: el Concejo Deliberante tiene un plazo de 10 días para dar cumplimiento a la orden, el cual vence este 5 de marzo. De no hacerlo, las autoridades enfrentarían consecuencias como la aplicación de multas económicas diarias.
López advirtió que estas sanciones terminan siendo costeadas por el pueblo quiaqueño.
Por otro lado la desobediencia judicial daría inicio a causas penales contra los funcionarios renuentes.
La Justicia ya reconoció que existe una “ilegítima alteración de la composición” del Concejo, lo que pone en duda la validez de sus actos actuales.
Ante la posibilidad de que el oficialismo intente dilatar la asunción mediante la falta de quórum, López no descartó solicitar una intervención nacional urgente, denunciando que en La Quiaca se está faltando el respeto a la voluntad popular.
«Así estamos en la república de La Quiaca, porque esto no es la República Argentina, donde los derechos y los deberes se respetan. Acá no los tenemos. Se está faltando el respeto a la democracia», afirmó.
