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Por Miguel López (Diputado provincial del FIT-U mandato cumplido). La noticia de la muerte de Héctor Domingo Barrios, el pasado viernes 17 de abril, aplastado por un tanque atmosférico que remolcaba un tractor en el municipio de Calilegua, es un hecho que expone la desidia estructural de una localidad donde más de la mitad de su población no tiene red cloacal.
La tragedia fue destinada por la prensa local a la sección policial, cuando un hecho como este es un crimen social, del que cuesta a simple vista identificar responsable. Aunque se intente culpar al chofer que trabajaba junto al fallecido para así evadir culpas, la responsabilidad de este desenlace fatal es del gobierno municipal de Raúl Chávez, el cual expone a los trabajadores a realizar tareas de mantenimiento con un parque automotor obsoleto y sin contar con elementos de protección personal acorde a las tareas que realizan.
Un historial de precarización y accidentes
La muerte trágica del trabajador es el caso más grave, pero meses y años atrás el gobierno municipal de Chávez fue denunciado públicamente por otros trabajadores precarizados que expusieron estar accidentados por cumplir tareas de riesgo laboral por órdenes de dicho ejecutivo sin contar con los elementos de protección correspondientes. Al encontrarse accidentados, recibieron solo indiferencia de la intendencia que los empleaba por ingresos de indigencia, sin registrarlos y haciéndolos esperar meses para abonarles la paga en negro.
Peor aún, la gestión tiene en su haber hasta trabajadores accidentados con hernias de disco y problemas lumbares por trabajar en la construcción de viviendas de funcionarios durante jornadas que figuraban prestando servicio para el municipio. También hay casos de trabajadores que hacen desmalezamiento con machetes, sin contar siquiera con botines, teniendo que realizar dichas tareas en zapatillas o descalzos, lo que los lleva en muchas ocasiones a cortarse las canillas.
La necesidad de organización obrera independiente
La vida de los trabajadores vale, los obreros y empleados municipales no son un número, por más que el intendente Chávez, cual patrón de estancia, buscando emular a figuras como Blaquier, Patrón Costa, el gobernador Sadir o el presidente Milei, considere lo contrario.
El dolor generalizado en la comunidad y la indignación generada por esta tragedia evitable debe transformarse en organización obrera independiente de los gobiernos de turno. Es preciso conformar una comisión de seguridad, higiene y salubridad electa por las bases que controle las condiciones de trabajo, exija los elementos de protección necesarios, el mantenimiento del parque automotor y el pase a planta permanente de los precarizados. Solo así se podrá terminar con esta desidia gubernamental que termina en muertes obreras evitables y en la naturalización de la explotación.
