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El plenario de las comisiones de Asuntos Institucionales y Legislación General se reunió en la Legislatura para tratar dos proyectos clave: la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la creación del Tribunal Conclusional. Ambas iniciativas recibieron despacho favorable tras un encuentro en el que participaron autoridades del MPA y jueces de la Corte Suprema local.
El diputado Adriano Morone, presidente de la comisión de Legislación General, explicó que la reforma busca una mejor articulación orgánica con la Corte Suprema de Justicia. Destacó que, dada la importancia institucional de los cambios, se consideró fundamental tratar el proyecto con la nueva composición de la Cámara.
Alcances de la reforma del MPA
El Procurador General, Alejandro Bossatti, detalló que el proyecto contempla limitaciones y aclaraciones sobre las facultades de la Procuración. Entre los cambios principales, se otorgarán mayores potestades a los fiscales regionales para que participen directamente en el ejercicio de la acción penal durante los procesos judiciales.
Asimismo, la iniciativa propone modificar el régimen sancionatorio para que estas facultades sean legisladas por ley y no queden únicamente bajo la órbita del procurador. Bossatti subrayó que se garantizan todos los derechos del personal del organismo y que los ajustes buscan optimizar la administración de justicia en la provincia.
El Tribunal Conclusional para causas pendientes
Respecto a la creación del Tribunal Conclusional, se informó que el objetivo es finalizar alrededor de 1.800 procesos que quedaron bajo el viejo Código Procesal Penal tras la implementación del sistema acusatorio. Morone aclaró que no se crearán nuevos cargos judiciales, sino que el tribunal se conformará con jueces de juicio actuales hasta concluir las causas pendientes.
Por su parte, la jueza de la Corte, Ema Mercedes Arias, definió al nuevo organismo como una versión mejorada de un tribunal residual. Según la suprema, la medida es de vital importancia para desagotar el cúmulo de expedientes antiguos que se veían demorados por la transición al nuevo régimen procesal, permitiendo así una mejora sustancial en el servicio de justicia local.
