Según confirmaron fuentes oficiales, el secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, presentó su renuncia al cargo y la misma ya fue aceptada por el Ejecutivo. El ahora ex funcionario estaba a cargo del Ministerio.
Su salida es la consecuencia directa de una gestión desgastada, incapaz de contener el creciente malestar en las filas de la Policía de la Provincia y el Servicio Penitenciario.

El conflicto que detonó la salida
El sector de seguridad venía reclamando por una recomposición salarial urgente, argumentando que sus haberes han quedado pulverizados frente a la inflación, además de denunciar precarias condiciones de trabajo y falta de equipamiento básico.
Lo que comenzó como un reclamo sectorial escaló rápidamente hasta convertirse en una crisis de gobernabilidad. Las movilizaciones y el estado de alerta permanente en las dependencias policiales dejaron a Pulleiro sin respaldo político, forzando un cambio de timón antes de que el conflicto se tornara inmanejable para la administración provincial.
Conflicto salarial: el Gobierno anunció un acuerdo pero sectores de la Policía lo rechazaron
Los reclamos que quebraron la gestión
La medida de fuerza de los uniformados, que se ha sostenido bajo diversas formas de protesta en las últimas semanas, se sustenta principalmente en tres ejes que la gestión saliente no logró resolver:
- Recomposición salarial urgente: Los agentes denuncian que sus ingresos han perdido poder adquisitivo real ante el constante aumento de la canasta básica, exigiendo una actualización que equipare sus haberes con la inflación acumulada.
- Condiciones laborales y equipamiento: Persisten las quejas por la falta de recursos básicos para patrullaje y seguridad personal, además de la sobrecarga horaria, un factor que ha generado un profundo agotamiento físico y psicológico en las filas.
- Gestión interna y malestar institucional: Existía un fuerte descontento hacia la conducción política del área, a la que acusaban de falta de escucha y de una profunda desconexión con la realidad cotidiana de quienes cumplen funciones en la calle y en las unidades penitenciarias.
La conducción del Ministerio quedó en el ojo de la tormenta, cuestionada no solo por los efectivos, sino también por sectores de la sociedad civil que observaban con preocupación el deterioro del servicio. Se espera que, en las próximas horas, el Ejecutivo oficialice el nombre del sucesor y posibles cambios estructurales para intentar calmar los ánimos de una fuerza que, hasta hoy, se mantiene en pie de guerra.

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