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La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, pidió hoy que se investigue por prevaricato a los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron que sea condenada a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el caso de las obras públicas concedidas al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. Lo hizo al ejercer su propia defensa en la última audiencia de alegatos.
Aseguró que «quedó demostrado que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola mintieron en el alegato final de acusación», y sostuvo que «es absurdo y raya lo ridículo» que este proceso judicial incluya la acusación de que los gobiernos kirchneristas de 2003 al 2015 fueron «una asociación ilícita».
La exposición de la exmandataria comenzó pasada las 11.30 y se extendió por poco más de una hora. Allí subrayó que, «con pruebas documentales», sus representantes en este debate «desmontaron las increíbles mentiras de los fiscales y las arbitrariedades que se realizaron en este juicio oral».
En ese contexto, dijo: «Quedaron a la luz del día las arbitrariedades que se han cometido en este juicio».
Por otro lado, Fernández de Kirchner consideró que “se montó una fábula» para traerla «de los pelos a este juicio” sobre el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, y recordó que fue “la única que denunció el encubrimiento” del atentado a la AMIA, algo que fue “armado desde (los tribunales) de Comodoro Py”.
En otro tramo de su exposición, manifestó que «la acusación de los fiscales dice que los gobiernos desde 2003 hasta el 2015 fueron tres asociaciones ilícitas» y recalcó que se trata de «tres gobiernos constitucionales de una misma fuerza política y eso no lo logró nunca nadie en la historia después de la Ley Sáenz Peña».
«Desde la fiscalía dicen que estos tres gobiernos elegidos por el pueblo son una asociación ilícita para hacer 51 obras en Santa Cruz, a través de esa provincia. O sea que Néstor Kirchner, que fue intendente en 1987, gobernador en el ’91, reelecto en el ’95 y ’99, pensando que iba a ser presidente en 2003 para hacer 51 obras viales a través de la provincia de la que había sido gobernador», planteó con ironía la Vicepresidenta.
En esa línea, reflexionó: «Esta sola enunciación bastaría para que nadie tome seriamente esta acusación porque es ilógica, es absurda, raya en el ridículo. Es decir que militamos toda la vida para 51 obras viales», planteó.
Durante su exposición le pidió al Tribunal Oral Federal (TOF) 2 que, «al finalizar las audiencias, se extraiga testimonio de todas y cada una de las mentiras de los fiscales que desarrollaron en los alegatos contrastadas con las pruebas obrantes en el expediente, las pruebas documentales, testimoniales y periciales».
En referencia al atentado que sufrió el 1 de septiembre en la puerta de su casa, dijo que los detenidos por el atentado que sufrió «no son autores intelectuales».
En esta línea, cuestionó los vínculos de este grupo con sectores de la oposición: «El abogado de quien me quiso matar es asesor de un senador» de Juntos por el Cambio, recordó, y dijo que se siente «en estado de indefensión».
La exmandataria tomó la palabra luego de su abogado Carlos Belardi, quién aseguró durante su alegato que la vicepresidenta «jamás impartió ninguna directiva vinculada» a las 51 obras públicas adjudicadas a empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz a las que la fiscalía adjudica delitos en el juicio de la llamada causa Vialidad.
«Qué está probado en este juicio? Que Cristina Fernández de Kirchner jamás impartió ninguna directiva vinculada a estos casos que acá se investigan», sostuvo Beraldi en la tercera y última jornada de su alegato final.
El abogado expuso de manera previa a que la vicepresidenta hable ante los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 en ejercicio de su propia defensa y luego por la tarde cerrará el alegato con el pedido formal de absolución.
En el último tema que abordó luego de tres días de alegato, Beraldi se refirió a la acusación por irregularidades en la ejecución y pago de las obras en Santa Cruz entre 2003 y 2015, tras dar por probado que no hubo delito de asociación ilícita ni defraudación.
«No existe una obligación de control» sobre las obras por parte de la Presidencia de la Nación que «no puede ni debe tener control porque la Dirección Nacional de Vialidad es un ente autárquico», remarcó Beraldi ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.
Además, recordó testimonios de empresarios, entre ellos el de Ángelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri, quien aseguró en la audiencia: «No conozco una obra que empiece y termine en el plazo estipulado»
«Los que han venido a juicio fulminaron esa acusación», agregó y cuestionó una decisión que limitó una pericia pedida antes del inicio del debate a 5 de las 51 obras cuestionadas. «El 90 por ciento de las obras no fue peritado», advirtió.
