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La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios de las defensas y dejó firme la medida para ejecutar el decomiso de bienes en el marco de la condena por la causa Vialidad.
Con esta resolución, la Justicia evitó que el trámite escalara a la Corte Suprema y avanzará con la recuperación de 111 activos pertenecientes a la familia Kirchner y al empresario Lázaro Báez para que vuelvan al Estado.
Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, en sintonía con el dictamen del fiscal Mario Villar, reafirmaron que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aun cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados. La medida apunta a recuperar un patrimonio total estimado en 685 mil millones de pesos.
Cámara de Casación penal audiencia sobre la causa donde esta condenada Cristina Fernández De Kirchner
Jueces de la sala 4 Diego Barroetaveña , Junto a Gustavo Hornos y Mariano Borinsky
Foto Federico Lopez Claro
El alcance de la medida sobre el patrimonio familiar
El decomiso, que había sido solicitado originalmente por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, discrimina que de los 111 bienes afectados, 80 corresponden a Lázaro Báez, uno figura a título personal de la expresidenta y los restantes 19 están a nombre de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. Las propiedades de sus hijos habían sido adquiridas por Néstor Kirchner entre los años 2006 y 2010.
En el caso particular de la exmandataria, la ejecución alcanza al hotel Los Sauces Casa Patagónica, ubicado en la localidad de El Calafate, y a un complejo de departamentos situado en Río Gallegos que fue construido por el propio Báez. Aunque las defensas cuestionaron la resolución por considerarla confiscatoria y señalar que extiende la responsabilidad penal a terceros ajenos al proceso, Casación validó el criterio del tribunal de origen al considerar que el recupero de activos de origen ilícito es un deber del Estado.
