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Las diputadas nacionales María Inés Zigarán y Mariela Coletta, integrantes del bloque Provincias Unidas, presentaron un proyecto de declaración para ratificar la vigencia de la Convención Belém Do Pará y manifestar su rechazo a la iniciativa de la senadora Carolina Losada. La propuesta de Losada busca endurecer las penas contra las denuncias falsas y los falsos testimonios en causas de violencia de género y abuso sexual.
Zigarán y Coletta sostuvieron que endurecer estas escalas penales configura un escenario de regresividad normativa que vulnera principios fundamentales de derechos humanos. La postura de las legisladoras sumó el acompañamiento de otros miembros de su espacio político, como Martín Lousteau y Pablo Juliano, además de Mónica Frade de la Coalición Cívica.
Denuncia penal y datos estadísticos en contra
De forma paralela, un colectivo de profesionales y referentes de Derechos Humanos —liderado por el exjuez Carlos Rozanski, Liliana Hendel y Dora Barrancos— radicó una denuncia penal en la Justicia Federal contra Losada por presunta coacción, abuso de autoridad y encubrimiento agravado. Los denunciantes sostienen que el proyecto de la senadora carece de sustento empírico y busca disuadir a los profesionales de atender a menores víctimas de abusos.
Para argumentar el rechazo, el sector que objeta la reforma penal citó un informe del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos sobre más de ocho millones de causas entre 2023 y 2025. El relevamiento determinó que las investigaciones por presuntas falsas denuncias representan apenas el 0,09% del total general, y que el 86% de esos casos aislados responde a conflictos de índole patrimonial o laboral, desmitificando una proliferación en el ámbito intrafamiliar.
El núcleo de la reforma propuesta
La iniciativa impulsada por Losada apunta a modificar los artículos 245 y 275 del Código Penal para elevar las penas vigentes. En el caso de las denuncias falsas vinculadas a violencia de género, propone elevar el castigo actual (de dos meses a un año) a una escala de tres a seis años de prisión, transformándolo en un delito no excarcelable. Para los falsos testimonios de testigos o peritos, plantea pasar de un máximo de cuatro años a una escala de tres a ocho años de reclusión.
Mientras que la senadora argumenta que busca frenar medidas judiciales dictadas sin pruebas suficientes que perjudican a los denunciados, los sectores que se oponen advierten que la modificación penal generará un efecto inhibidor, provocando que muchas víctimas desistan de recurrir a la Justicia por temor a terminar siendo perseguidas penalmente.
