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Por Juan Enrique Giusti*. La discusión política en Jujuy necesita recuperar algo que parece haberse perdido: la posibilidad de disentir, cuestionar y confrontar posiciones sin que cada diferencia termine convertida en una categoría jurídica o en una acusación que clausure el debate.
A propósito de las declaraciones de Rubén Rivarola sobre la senadora Carolina Moisés en el acto realizado en Palpalá, creo que es necesario introducir algunas precisiones. No se trata de justificar expresiones desafortunadas, agravios ni malos tratos. En política, como en cualquier ámbito de la vida, cuando alguien se excede o se comporta incorrectamente corresponde señalarlo y cuestionarlo. Pero una cosa es reprochar una conducta y otra muy distinta es encuadrarla automáticamente como violencia de género.
Creo que en este caso se está corriendo el arco de la discusión. No toda controversia política protagonizada por una mujer constituye violencia machista. Para realizar esa caracterización es necesario analizar el contexto, las relaciones concretas de poder, la conducta denunciada y la existencia de los elementos que permitan encuadrarla en las categorías previstas por la legislación. No alcanza con que el protagonista de una expresión cuestionable sea un hombre y quien la recibe sea una mujer.
Hay, además, un dato que no puede omitirse: Carolina Moisés es senadora nacional, una dirigente con representación institucional, poder político y capacidad de intervención en la vida pública. No estamos frente a una mujer carente de voz o de herramientas para defenderse. Esto no significa que una mujer con poder esté exenta de sufrir violencia de género, pero sí obliga a analizar con rigor la supuesta asimetría de poder y no darla por sentada exclusivamente en función del género.
Tampoco podemos separar este episodio del contexto político en el que se produce. El Partido Justicialista de Jujuy atraviesa una disputa por su conducción que debería resolverse mediante la participación democrática de sus afiliados. Sin embargo, Carolina Moisés y su espacio, Generación Valiente, continúan llevando las diferencias internas al terreno judicial, complicando y demorando la posibilidad de que los afiliados puedan votar y decidir quién debe conducir el partido. De hecho, anunciaron que apelarán la decisión judicial de oficializar la lista y que el proceso termine antes del 20 de diciembre de 2026.
La pregunta es inevitable: ¿por qué tanto temor a que decidan los afiliados? La democracia partidaria no puede quedar subordinada indefinidamente a una sucesión de presentaciones judiciales. La discusión sobre la conducción del peronismo debe darse en las urnas, con reglas claras y con el respeto que merece la voluntad de quienes integran el partido.
Lo que me preocupa particularmente es la utilización extensiva de la categoría de violencia de género para interpretar una disputa política. La violencia contra las mujeres es una problemática estructural, real y dolorosa, que afecta a miles de mujeres todos los días. No es una cuestión menor ni una consigna para utilizar según las conveniencias de una interna partidaria.
Esa violencia, además, no puede analizarse al margen de las condiciones materiales en las que viven las mujeres. Las políticas económicas del gobierno de Javier Milei agravan la vulnerabilidad de miles de familias: deterioran los ingresos, destruyen puestos de trabajo, debilitan las redes de protección social y restringen derechos. Y aquí también existe una responsabilidad política que debe discutirse: Carolina Moisés es senadora nacional y ha acompañado con su voto decisiones centrales del gobierno de Milei. No se puede reclamar sensibilidad frente a la situación de las mujeres y, al mismo tiempo, desentenderse de las consecuencias sociales de las políticas que se contribuye a sostener desde el Senado.
La lucha contra la violencia de género merece ser defendida con absoluta seriedad. Precisamente por eso, no debe banalizarse ni convertirse en un recurso para evitar cuestionamientos políticos, condicionar una interna o deslegitimar cualquier crítica a una dirigente.
El peronismo necesita recuperar la discusión política, la participación de sus afiliados y la capacidad de resolver sus diferencias democráticamente. Se puede exigir respeto en el debate público y, al mismo tiempo, cuestionar las decisiones, las alianzas y los votos de cualquier dirigente, sin distinción de género.
No hay contradicción entre defender los derechos de las mujeres y exigir responsabilidad política a una senadora nacional. Tampoco entre rechazar los agravios y sostener que las diferencias partidarias deben resolverse con democracia y participación.
La violencia de género es demasiado grave para convertirla en una etiqueta de disputa política. Y la democracia interna de un partido es demasiado importante para dejarla en manos de los tribunales cuando lo que corresponde es que decidan sus afiliados.
* En respuesta al compañero Javier Bach Bilbao.
