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Por Gastón Remy*. Ante el reclamo de reapertura de paritarias el ministro de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García, durante la semana pasada manifestó que “el gobierno de la provincia dio respuesta salarial» y que los aumentos a docentes y estatales superó a la inflación acumulada en lo que va del año. La única oferta es un bono de fin de año.
El ministro sostiene que el piso salarial en general aumentó un 136%, sin dar ninguna otra información (el piso de cuánto es, a quiénes alcanza, etc.) y lo contrasta con una inflación anual acumulada del 80%. Que el ministro de información sin referencia, no sorprende, es el estilo del gobierno de Morales; pero lo que si llama la atención es que esté tan por fuera de la realidad. La inflación acumulada entre enero y septiembre fue de 114% en promedio y en “alimentos y bebidas” de 119,8%.
Esta información la dio a conocer la Dipec el viernes pasado, el ministro declaró días antes, podría igualmente ser asesorado de manera tal de prever que la inflación sigue en alza.
Del traspié anterior, el gobierno no sale, la embarra más. Oculta que el salario de bolsillo de docentes que recién se inician es de $210.000 y los estatales o municipales cobran $155.000, la canasta familiar para una familia de cuatro integrantes en septiembre fue de $ 284.646 según el Indec.
O sea, hoy una maestra, un profesor con 15 horas o un estatal que recién se inicia necesitan un aumento de 74.646 o 129.646 pesos respectivamente para no caer en la pobreza. Estos números no están hoy en los cálculos del ministro, que, por cierto, como tantos otros funcionarios, no sabe lo que es no llegar a fin de mes.
Volviendo a los datos incluso hay que decir que ya se están quedando cortos, dado que tan solo estamos considerando los salarios cobrados en octubre respecto a la canasta familiar valuada en septiembre.
Mientras tanto, esa canasta se hace cada día más cara por causas ligadas a los efectos de la devaluación del 14 de agosto (Massa) que han disparado la inflación que cerró el mes pasado en 14,3% en la provincia.
La semana que pasó se recalentaron las remarcaciones de precios tras llegar la cotización del dólar paralelo a más de 1000 pesos a partir de las declaraciones contra el peso (Milei).
Por eso, la defensa del poder de compra del salario debe incluir no solo una garantía salarial para que nadie gane menos que la canasta familiar; sino también la actualización mes a mes del salario según la inflación.
De lo contrario, el salario pierde como es el caso de los estatales de Jujuy que desde julio hasta septiembre ya perdieron un 17% del poder de compra. Este es el resultado de congelar la paritaria prácticamente después del último aumento importante -cobrado en julio-, cuando el gobierno tuvo que ceder más de lo que quería producto de una gran lucha docente y de las comunidades, “Arriba los salarios, abajo la Reforma”. De esta caída del poder adquisitivo del salario el gobierno tampoco habla.
El cuarto tema oculto, aunque no tanto, es el superávit fiscal que el gobierno acumuló durante el primer semestre del año por más de $ 21.000 millones.
Decimos que no es tan oculto dado que esta información está disponible en la web del ministerio de hacienda. Pero bueno en las declaraciones los ministros no lo registran, pero la información es pública; aunque entendemos que ellos no quieran que los trabajadores accedan y sepan la verdad.
Con ese superávit acumulado al primer semestre se podrían aumentar la masa salarial un 20%, una suma con la cual en gran medida se podría cubrir la pérdida del poder de compra en julio y septiembre que antes expusimos.
En la vida la mentira tiene patas cortas, y estas se pueden volver más cortas si los gremios convocan a los delegados y a las bases a reorganizar la pelea unitaria por el salario y las condiciones de vida frente al ajuste en curso de los gobiernos.
*Economista, concejal, diputado provincial electo FIT-U.
